Francisco Romero Serrano, auditor Superior del Estado (ASE) destapó otra cloaca, otro frente que abre la administración estatal al poner al descubierto la presunta colusión entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la Consejería Jurídica (CJ)que instruyen a sujetos obligados para evadir la responsabilidad de cumplir con la entrega de documentación.
Y es que el titular de la ASE denunció en redes sociales evidencias que, a decir de él, significan obstrucción en la fiscalización, que en caso de denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado (FGE), podría constituirse en uno o varios delitos que sólo por congruencia, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, estaría obligado a permitir la investigación.
Romero Serrano puntualizó categórico que la ASE tiene facultades legales para auditar recursos federales, como es el caso.
El Consejero Jurídico Carlos Palafox, y la secretaría de la SFP Amanda Gómez Nava ingresaron a la ASE, presuntamente para obstruir la responsabilidad del organismo auditor.
Lo anterior fue denunciado por el propio Romero Serrano y defendió los principios de legalidad, equidad e imparcialidad, para solicitar a los sujetos obligados a entregar la información correspondiente relativa a sus responsabilidades mediante la entrega de información correspondiente, sin embargo, han sido instruidos a dilatar y obstruir el proceso de manera coordinada, como lo señala en las redes sociales.
El auditor señaló la orden de aprehensión en su contra como una forma de presión y persecución que ha caracterizado al gobierno barbosista, derivado de un intento sistemático de intentar separar a un menor de su madre, y todo por “desobedecer” un esquema político fuera de toda norma para que el auditor evite solicitar información oficial a sujetos obligados del gobierno del estado.
En tanto, la política de obstaculización para transparentar y revisar recursos federales significa una situación que consideró grave y por lo tanto pasa a ser un tema de interés jurídico de la Cámara de Diputados.
