Aprueban Ley Ácida y Ley Monzón
Por Rubén Díaz Avelino
Los 41 diputados del Congreso del Estado quienes cobran cien mil pesos al mes, por primera vez trabajaron y es histórico porque además de desquitar el sueldo aprobaron dos leyes en beneficio de las mujeres, La Ley Ácida y la Ley Monzón.
Después de meses y años se dormir en sus cúrules y haraganear por los pasillos del edificio del legislativo, los diputados analizaron y aprobaron en el primer caso, la Ley Ácida, mediante la cual se castigará hasta con 40 años de prisión a quienes arrojen ácido a las mujeres; será un delito tipificado como tentativa de homicidio, pues anteriormente sólo era clasificado como un delito por lesiones.
Los ataques con ácido o alguna sustancia similar corrosiva, lamentablemente eran utilizados por hombres en contra de mujeres, durante la aprobación de dicha ley estuvo presente María Elena Ríos, activista y saxofonista del estado de Oaxaca, quien precisamente fue atacada con ácido por ordenes de un político de su estado y precisamente es ella quien impulsa la legislación de esa ley en otros estados.
Y de forma por demás inexplicable, los diputados trabajaron doble, pues por primera desquitaron su estratosferico sueldo porque también aprobaron la Ley Monzón, legislación mediante la cual, todo feminicida perderá la patria potestad de sus hijos, con lo que la entidad es ya el primer estado en adoptar esta ley.
La Ley Monzón se llama así, porque precisamente la abogada y activista Cecilia Monzón, fue presuntamente asesinada por el político priista y excandidato al gobierno del estado, Javier López Zavala, con el objetivo de quedarse con la custodia del hijo que procreo con la abogada.
Cabe recordar que López Zavala supuestamente ordenó al conductor de una motocicleta transportar a un sicario, quien disparó contra la abogada tras seguirla cuando ella iba a bordo de su camioneta, en Periférico, a unos metros de la Universidad de las Américas-Puebla.
López Zavala fue detenido el día seis de junio de 2022 y actualmente se encuentra recluido y enfrenta proceso en el Penal del Altiplano, en el Estado de México.
Ante casos como éste, la activista Edurne Ochoa, presidenta de la organización 33 Mujeres, lamentó en sus momento, que las autoridades no atendían temas de violencia de género, feminicidios y otros similares.
