Por Ismael Rojas Cuellar
Unos 70 mil trabajadores del Gobierno de Puebla podrían acceder a créditos para adquirir una vivienda propia, luego de que la administración de Alejandro Armenta Mier alista una reforma a la Ley del ISSSTEP para liberar mil millones de pesos destinados a proyectos habitacionales.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que la iniciativa busca modificar las disposiciones legales que actualmente impiden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado participar en la construcción de viviendas y otorgar financiamientos para su adquisición.
Con esta modificación, el gobierno estatal pretende aprovechar los recursos disponibles del organismo para ofrecer créditos con condiciones accesibles a sus derechohabientes, quienes actualmente enfrentan distintas alternativas de financiamiento para comprar o construir un patrimonio.
La propuesta contempla beneficiar a personal de distintas áreas de la administración pública, entre ellos policías, bomberos, docentes, médicos, enfermeras y trabajadores de otras dependencias estatales.
Como parte de los primeros proyectos, el gobierno de Puebla prevé desarrollar un conjunto habitacional en un predio de seis hectáreas ubicado en Ciudad Maderas, en el municipio de Cuautinchán. La zona cuenta con una conexión proyectada hacia el Periférico 5 de Mayo.
García Parra detalló que la iniciativa será presentada ante el Congreso local para su discusión. Una vez aprobados los cambios legales y definidos los mecanismos de operación, la administración estatal estima que los primeros créditos podrían comenzar a entregarse en un plazo aproximado de cuatro meses.
La reforma también representa un cambio en el esquema de prestaciones del ISSSTEP, al incorporar la posibilidad de financiar vivienda como una alternativa para sus afiliados. Sin embargo, todavía deberán establecerse los requisitos de acceso, los montos de los préstamos y las condiciones de pago.
De concretarse la modificación, el proyecto permitiría destinar recursos del instituto a un programa de vivienda para trabajadores estatales. Su puesta en marcha dependerá de la aprobación legislativa y de las disposiciones que definan cómo se administrarán los mil millones de pesos anunciados.
