Por Rubén Díaz Avelino
Un grupo de cien jóvenes fueron contratados en el mes de enero para trabajar en el Programa de Distribución de Leche de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado, pero en marzo los corrieron, no les pagaron, ni las gracias les dieron y les advirtieron que si denunciaban habría consecuencias legales y represalias en su contra y de sus familiares que se desempeñan en la administración estatal.
Los jóvenes esperaban su primera quincena el 30 de enero, pero nunca recibieron su primer pago, solo les prometieron que en cuanto la Secretaría de Finanzas y Planeación liberara los cheques, recibirían sus ingresos.
Sin embargo, durante el mes de febrero, les dijeron que su pago “ya estaba caminando”, y lo mismo ocurrió todo el mes de marzo, hasta que al final de tres meses de labor, les informaron que debido a problemas administrativos no habían sido incluidos en la nómina y que las finanzas del Gobierno del Estado, estaba muy castigadas, por lo que no iba a ser posible que en algún momento recibieran su sueldo.
Solo en muy pocos casos, por intervención de funcionarios o por influencias, algunos recibieron sólo una parte del recurso al que tenían derecho por haberlo laborado, pero en ningún caso les fue pagado su ingreso completo.
A la mayoría de los jóvenes les indicaron que no iba a ser posible pagarles, por lo que les recomendaron buscar un empleo.
También les advirtieron que no presentaran demandas laborales, porque sus actividades no habían sido autorizadas en tiempo y forma, y que en caso de denuncias laborales, no iban a tener la mínima posibilidad de ganarle al Gobierno del Estado, además los amenazaron de que en caso de denuncias, los ubicarían, y darían informes negativos sobre su desempeño.
Los jóvenes timados trabajaron directamente para el Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.
La actividad de los jóvenes era principalmente la visita de domicilios predeterminados, en los 217 municipios, donde solicitaban datos de las familias, llenaban un formato que obra en poder de este reportero, y lo entregaban en las instalaciones del SIPINNA.
El funcionario responsable o su jefe de más alto rango en la Secretaría de Bienestar, era el subsecretario Rafael Ramos Bautista, quien nunca quiso darles la acara para explicarles la razón por la cual no les pagaban, pues de forma cobarde y abusiva, se negaba a recibirlos y sólo eran atendidos por funcionarios menores.
Algunos de estos jóvenes ya presentaron demandas laborales por el despido masivo, en consecuencia, la actual administración, en caso de perder dichas demandas, como suele suceder, porque el gobierno no tiene buenos abogados laboristas, heredarán dichas demandas a la próxima administración y el pago correspondiente.
La situación viola la Ley Federal del Trabajo, con agravantes como el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.
“En ocasiones, nos trasladaban a diversos municipios para trabajar, pero a veces, nos teníamos que desplazar por nuestros propios medios, sin dinero para poder ingerir alimentos, o nos tenían horas esperando el vehículo oficial que nos trasladaba, y hubo situaciones de riesgo por estar en localidades en donde hay presencia del crimen organizado, como en la zona del Triángulo Rojo, por citar un ejemplo, con un riesgo mayor para el caso de las mujeres, quienes tenían que soportar acoso e intimidación en algunos lugares”.
El anterior es uno de los testimonios de afectados.
Otros más señalaban que resultaba irónico, levantar datos personales de personas, sujetas al beneficio de la entrega de leche, cuando ellos no tenían ni agua para beber.
También indicaron, que hasta donde se sabe, el beneficio, en realidad no era entregado, y temen que los datos personales puedan utilizarse electoralmente por las autoridades gubernamentales.
Uno de los jóvenes afirmó que estaba imposibilitado para realizar la denuncia laboral correspondiente, debido a que quienes lo recomendaron para trabajar en la Secretaría de Bienestar, tiene a tres familiares, quienes le dijeron que, si acaso presentaba una demanda laboral, los podían despedir en represalia.
“Fue un robo, un timo institucional, un abuso laboral perpetrado por el propio Gobierno del Estado, y frente a eso, te vez en la imposibilidad de exigir justicia, porque además de que nos advirtieron que ninguna demanda procedería, ningún medio de comunicación replicaría nuestras demandas, por los convenios que tiene con ellos”, señaló una joven mujer quien por obvias razones se le otorgó la gracia del anonimato.
Pese al anterior razonamiento, los afectados aún tienen la esperanza de que, aún, siendo vulnerables ante esta situación adversa de enfrentarse al estado, el gobernador Sergio Salomón Césedes Peregrina, se sensibilice frente a esta circunstancia y ordene una investigación; sospechan que alguien se quedó con el dinero y por eso apelan al mandatario.
