Lupita Daniel acusó al Tribunal de Justicia Administrativa de emprender una persecución política en su contra, al afirmar que no tiene sanciones pendientes, por lo que dejó al TJA como un órgano ineficiente.
Sin embargo, mientras la exalcaldesa se asumía como víctima de un supuesto garrote político, su abogado sostuvo que el dictamen del Tribunal no tenía ese carácter y que el problema eran presuntos errores en la resolución.
Pero el tropiezo no terminó ahí, ya que, en su exposición, el abogado confundió el análisis de las cuentas públicas realizado por la Auditoría Superior del Estado con los reportes de la Contraloría, mezclando instancias, procedimientos y argumentos que deberían estar perfectamente identificados en una defensa jurídica.
Al ser interrogada si demandaría al TJA, se negó a responder y visiblemente nerviosa, Lupita Daniel aseguró que “ alguien” la quiere sacar de la contienda, dejando entrever que en el Tribunal y la Auditoría Superior del Estado actúan por consigna o por instrucciones de algún otro ente gubernamental.
Lupita Daniel presentó una carta de no inhabilitado expedida la Secretaría Anticorrupción, señalando que ésta desmiente el dictamen del Tribunal de Justicia Administrativa, que según ella no es definitivo.
Pero al solicitarle que diera lectura al espíritu del documento, se negó a hacerlo y dijo que a pesar de que le fue solicitada una multa y una sanción como consecuencia de malos manejos, y sostuvo que aún así, iba a buscar un cargo por elección popular, por lo que minimizó tanto la sanción como la multa.
La exalcaldesa, quien fue destituida como titular del Sistema operador de Agua Potable de Cuautlancingo, decidió meter al tema a su hija, la regidora Ana Laura Papaqui y al novio de ésta, Alberto Vázquez, al denunciar supuestos ataques del gobierno municipal.
