Texto publicado originalmente en Foro 21
+ Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo notificó 15 de febrero al mandatario que había sido vinculado para que ordenara el pago al trabajador José Valencia López
+ El 3 de julio dio término para cumplimiento y advertencia de multa de no acatarse pago; iniciaría procedimiento de inejecución, que culminaría separación cargo del gobernador
+ Valencia López fue despedido de Segob el 23 de octubre 2013; gana Laudo 2 de noviembre 2019 para reinstalación y pago salarios caídos, que ascendían a 2 millones 162 mil pesos
+ Fue reinstalado 4 de agosto 2021 y el titular Jurídico de Gobernación, Jesús Arrona le dijo: “tienes que aprender que al gobierno no se le demanda ni en el sueño”
+ “Para que aprendas la lección” no cobrarás salarios caídos, tampoco lo que devengarás a partir de hoy; tú decides, le soltó el funcionario al trabajador
Por Gerardo Pérez García
Vaya historia que conlleva un larguísimo viacrucis de incertidumbre y temor, que inició el 23 de octubre de 2013, cuando José Francisco Valencia López fue despedido injustificadamente de su trabajo en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Estatal –ingresó en mayo de 1975- y después de ganar Laudo de reinstalación y pago salarios caídos, el 4 de agosto 2021, el poderoso Director Jurídico de Segob, Jesús Arrona Aguilar le soltó a bocajarro:
“Para que aprendas que al gobierno no se le demanda ni en sueños… no cobrarás los salarios caídos, tampoco los que devengarás a partir de tu reinstalación”.
Y la sentencia de Jesús Arrona ha sido ley por encima de la Justicia Federal, en virtud que José Francisco lleva dos años de reinstalación laboral sin percibir una sola quincena, mucho menos los 2 millones 162 mil pesos de salarios caídos.
Ordenamiento legal que “pasó de noche” a Jonathan Ávalos Meléndez, Consejero Jurídico del Gobernador, al Secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón y al Secretario del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, quienes no han actuado, quizás por negligencia del caso, pero cuyas circunstancias marcan la “experiencia” de los funcionarios.
Esa es la justicia laboral que impera en Puebla, donde la colusión de funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y del Tribunal de Arbitraje, con los respectivos patrones, es la “vendimia” que se da días tras día.
Además, demuestra de manera fehaciente, clara y contundente que los gobernantes en turno han olvidado la impartición de la justicia laboral; tan está en el abandono, que no ha estado ni está en su agenda.
Los estadísticas hablan por sí mismas:
Entre 2016 y 2019 se presentaron 18 mil 562 juicios individuales.
En 2020 se registraron 5 mil 107 demandas laborales.
Para 2021 se incrementaron a 5 mil 251.
Y en 2022, con la Reforma Laboral, las cifras en las 8 Juntas Especiales variaron, donde la Junta Especial 3 concentran el mayor número con 7 mil 108.
Con el dato escalofriante:
A mayo 2023 hay 33 mil 906 juicios individuales en trámite.
Cifras que aporta la plataforma Construyendo Comunidad, donde asienta que los juicios laborales están relacionados con “despidos injustificados y violaciones de derechos laborales”.
LA HISTORIA DE JOSÉ FRANCISCO CON UNA ANTIGÜEDAD LABORAL DE 38 AÑOS EN GOBERNACIÓN
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, notificó el pasado 15 de febrero al gobernador Sergio Salomón Céspedes que había sido vinculado para que interviniera y ordenara el pago al trabajador José Francisco Valencia López, quien fue despedido injustificadamente de la Secretaría de Gobernación del Estado el 23 de octubre de 2013, además del apercibimiento de multa en caso de no hacerlo.
Y no fue ordenado el pago al trabajador.
Para el 3 de julio corrió el término para que la autoridad vinculada –Ejecutivo Estatal- diera cumplimiento, por lo que fue advertido de una multa equivalente de hasta mil veces el valor diario de la unidad de medida.
E iniciaría procedimiento de inejecución, que culminaría con la SEPARACIÓN DEL CARGO del Gobernador, en caso de no dar cumplimiento.
Y el pago no se ha realizado al trabajador.
Con fecha del 26 de julio se dio término de tres días para que demostrara que dio cumplimiento, pero al encontrarse en periodo de vacaciones… la autoridad no realizó el pago.
(Periodo vacacional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 24 de julio al 4 de agosto de 2023)
El Universal lanzó otra alerta el 11 de agosto en la columna Kiosko:
¿Góber Salomón “pagará el pato”?
“Donde se aplica el ‘no me ayudes compadre’, nos platican, fue en el gobierno de Puebla, pues por unos funcionarios que no solucionaron un conflicto laboral será el gobernador Sergio Salomón Céspedes (Morena) quien ‘pague el pato’.
“Nos relatan que un empleado gubernamental de la tercera edad presuntamente fue despedido injustificadamente, demandó, ganó el juicio y fue reinstalado, pero lleva dos años sin que le paguen salarios caídos ni su salario normal, por lo que ante el incumplimiento y desacato del laudo laboral se inició un procedimiento de multa ‘nada más y nada menos’ que contra don Sergio por ser superior jerárquico, por lo que varios se preguntan, como Juan Gabriel, “pero qué necesidad”, concluye la cita.
¿NO HAY QUIÉN LE ESCRIBA, O INFORME, A SALOMÓN?
Lo anterior lleva a que los “focos rojos” deberían estar centelleando en el Centro de Integración de Servicios –CIS-, donde despacha el titular del Ejecutivo Céspedes Peregrina, ante la inminente determinación que tomará el Poder Judicial Federal.
O quizás, no tenga en su Despacho la “ficha informativa” del caso del trabajador despedido, Expediente D-372/2013, quien ingresó a la Secretaría de Gobernación el primero de mayo de 1975 –el mandatario era Alfredo Toxqui– y despedido injustificadamente el 23 de octubre de 2013 –corría sexenio de Rafael Moreno Valle–
Litigio laboral que emprendió el trabajador, quien después de 6 largos años… ganó el Laudo el 2 de noviembre de 2019.
Y hasta el 4 de agosto de 2021 obtuvo la reinstalación a su trabajo en la Secretaría de Gobernación.
Además de la reincorporación laboral, el Laudo consignó el pago de salarios caídos, cuyo monto ascendía, en esa fecha, a 2 millones 162 mil 215 pesos.
Lo que lleva al cuestionamiento:
¿Jonathan Ávalos Meléndez, Consejero Jurídico del Gobernador, desconocerá el asunto del trabajador y la determinación del Juzgado Segundo de Distrito?
¿Javier Aquino Limón, Secretario de Gobernación, también ignora el asunto?
¿Gabriel Biestro Medinilla, Secretario del Trabajo, no sabe lo que acontece en su dependencia?
Por lo hechos, todo hace indicar que sí.
El punto toral es que el Juez Federal está en vías de determinar la SEPARACIÓN DEL CARGO DE GOBERNADOR de Sergio Salomón Céspedes.
Sanción federal que no involucra al Consejero Jonathan Ávalos, ni al titular de Gobernación, Javier Aquino, tampoco al Director del Jurídico de SEGOB, Jesús Arrona, ni al responsable de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro.
La demanda laboral de José Francisco Valencia López fue radicada desde octubre del 2013 en el Tribunal de Arbitraje del Estado, que estuvo a cargo de Óscar Guevara García, quien de manera repentina fue separado del cargo, la cual depende del Secretario del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla.
Por cierto, el anterior presidente del Tribunal de Arbitraje, José Luis Ayala Corona, fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción y enviado a prisión por cohecho en septiembre de 2019.
JESÚS ARRONA, DIRECTOR JURÍDICO DE GOBERNACIÓN, DIO LA ORDEN DE NO PAGAR AL TRABAJADOR
Jesús Arrona Aguilar ingresó a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobernación durante el mandato de Rafael Moreno Valle Rosas.
Y ahí se quedó.
Al menos, hasta el corte de hoy.
José Antonio Gali Fayad, no lo movió.
Tampoco el interino Guillermo Pacheco Pulido.
Ni el extinto Miguel Barbosa Huerta.
Ni Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tomó posesión del gobierno el 15 de diciembre de 2022.
Resulta que Jesús Arrona es uno de los principales actores, y responsables, conjuntamente con los respectivos titulares de Gobernación Ana Lucía Hill Mayoral –con Barbosa Huerta-, Julio Huerta Gómez y Javier Aquino Limón –con Céspedes Peregrina- del drama e incertidumbre laboral y falta de pago de las quincenas que ha vivido, y vive el trabajador.
¿Por qué?
Porque, el poderoso Jurídico de Gobernación al tener notificación de reinstalación del trabajador –4 de agosto 2021-, lo recibió en su oficina y sin más protocoló le soltó a boca jarro:
“Tienes que aprender que al gobierno no se le cuestiona, mucho menos se le demanda”.
Por lo tanto, y para que aprendas, “no cobrarás los salarios caídos, tampoco los que devengarás a partir de tu reinstalación”.
El trabajador está laborando en Gobernación sin recibir ni una sola quincena desde el 4 de agosto del 2021.
SEGOB PERDIÓ AMPARO ANTE TRIBUNAL FEDERAL
El juzgado federal demandó a la Secretaría de Gobernación de Puebla el pago al trabajador, lo que llevó a tramitar un amparo contra la resolución, pero el tribunal federal lo negó.
No solamente lo rechazó, si no reiteró la serie de “violaciones a los derechos laborales del trabajador, y exigió el pago de salarios.
Pago que hasta el día de hoy no ha ejecutado la autoridad gubernamental.
Y cuyas implicaciones de no ejecución recaen directamente al gobernador Sergio Salomón Céspedes.
GOBERNADOR… ¿SABE DEL EMPLAZAMIENTO QUE LE HIZO JUZGADO FEDERAL?
Si el mandatario desconocía hasta el 21 de julio el caso del trabajador Valencia López, como de los ordenamientos y apercibimientos del Juzgado Federal, podría tener determinada excusa para señalar “que no sabía, que no tenía información, etc”, más no lo exenta de la determinación federal.
Pretexto que podrían esgrimir los funcionarios Jesús Arrona, Jonathan Ávalos y Javier Aquino.
Pero…
El pasado 22 de julio, el periodista Rubén Díaz Avelino al término del evento que se realizó en la Universidad Tecnológica de Puebla –UTP-, se acercó al gobernador y le preguntó “¿si conocía del emplazamiento que le había hecho el Juez Federal?”.
“No tengo información de eso”, atajó Sergio Salomón.
-Pidió a un auxiliar, que llamara al Secretario de Gobernación.
Rubén Díaz se retiró.
Metros adelante lo alcanzó el mandatario.
-Oye Pony –Rubén-, “por qué tanta agresividad”.
“No diga eso gobernador”.
Para nada.
Pero, ¿acaso no le han informado?
-No, reiteró Salomón.
-¿Por qué estás tan acelerado? Pony.
“Nada de eso”, reiteró el periodista.
Pero, además del caso del trabajador despedido injustificadamente de la Secretaría de Gobernación, está mi asunto, también de despido injustificado del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, con su dirigente Gonzalo Juárez Méndez, y pese a tener el Laudo favorable, la Junta de Conciliación no ha obligado al señor Gonzalo que se me pague.
-Me queda claro, dijo le dijo mandatario. Mándame la información y en breve te buscarán.
Ya transcurrió un mes y nadie de la oficina del Gobernador ha buscado al periodista Díaz Avelino.
DE NO CUMPLIRSE SENTENCIAS, ESTADO DE DERECHO SERÍA UNA FICCIÓN: SUPREMA CORTE
“Si no se cumplen las sentencias, el Estado de Derecho no es más que una ficción”, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN-, después de que los ministros determinaron la destitución y presentación ante un juez de los presidentes municipales, y sus respectivos cabildos, de los municipios de Coacalco en el Estado de México y Tlacotepec de Benito Juárez del Estado de Puebla, debido a incumplimientos de sentencias, en enero del 2018.
Por unanimidad del Pleno de la SCJN fueron destituidos los alcaldes de Coacalco, Erwin Javier Castelán Enríquez y Pablo Pérez Maceda de Tlacotepec.
Ricardo Monreal Ávila, entonces Delegado de la Cuauhtémoc -2015 a 2017- del extinto Distrito Federal, se encontró en el “ojo del huracán” ante la Suprema Corte por incumplimiento de sentencia que le ordenó restituir a una trabajadora de su demarcación, y el pago de salarios caídos y prestaciones, lo que finalmente tuvo que hacer.
También está el caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces Presidente Municipal de Cuernavaca –hoy gobernador de Morelos-, cuando integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos “le notificaron de su destitución del cargo por desacato en que incurrió al no ordenar el pago de un millón de pesos de la sentencia laboral que ganaron cinco trabajadores”.
Cuauhtémoc Blanco, con su clásico estilo, aseguró que “no solicitaría licencia, ante petición que le hizo la Junta Política del Congreso del Estado para que dejara el cargo”.
Finalmente, terminó pagando adeudo a los trabajadores del ayuntamiento.
De ahí la cita contundente de la SCJN:
“Si no se cumplen las sentencias, el Estado de Derecho no es más que una ficción. Todas las partes en un juicio y especialmente cuando éstas son autoridad, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales”, afirmó el Ministro Luis María Aguilar sobre los incumplimientos de sentencias por parte de autoridades.
Así o más claro.
¿Qué pasará con el gobernador Sergio Salomón Céspedes?
¿Se ejecutará la determinación del Tribunal Colegiado Federal?
Al tiempo.
