Lo increíble es que el Congreso del Estado pide investigación de las 15 unidades adquiridas en arrendamiento
La diputada local Aurora Sierra Rodríguez denunció una posible renta irregular de patrullas en el municipio de San Pedro Cholula, municipio que pagará muy altos costos por el arrendamiento de patrullas, pues por cada unidad que tiene un costo de un millón 300 mil pesos; la comuna pagará cinco millones y medio por cada patrulla.
La legisladora precisó que el ayuntamiento de San Pedro Cholula pagará cinco millones 510 mil pesos 500 pesos por unidad, y son cinco negocios o unidades las arrendadas.
Cabe señalar que en el caso el gobierno del estado, en el que el Congreso no dijo nada nunca, el costo de arrendamiento por patrulla fue de un millón 387 mil pesos por patrulla, aún cuando fueron mil patrullas cuyo costo comercial, sin equipamiento es de aproximadamente 750 mil pesos.
Por lo anterior, la legisladora, durante la sesión ordinaria de cabildo del pasado jueves, la legisladora Aurora Sierra Rodríguez, solicitó mediante un punto de acuerdo, exhortar a la Auditoria Superior del Estado, (ASE), revisar la licitación relativa.
Todo parece indicar que, mediante las patrullas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón estaría cometiendo al menos un delito con el costo de las patrullas subarrendadas.
Derivado del punto de acuerdo, la legisladora solicitó que la ASE lleve a cabo auditorias transmitidas en tiempo real en los procesos de licitación en ese y otro ayuntamiento, pues evidentemente hay irregularidades que facilita la falta de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo a la legisladora y conforme lo reportó el Diario Intolerancia, “ y de acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula reporta en el expediente LPN/ADJ/0001/2022, que se adquirieron bajo licitación pública patrullas en arrendamiento con el proveedor Lumo Financiera con un costo total de 82 millones 658 mil 675.23 pesos por un total de 15 patrullas”.
En su punto de acuerdo, la legisladora abundó que el artículo 70° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de dicha Ley.






