Por Rubén Díaz Avelino
Más de 30 trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Puebla (ICATEP) denunció al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) Mario Arturo Daza Buendía, de boicotearles la reinstalación, pese al mandato de un amparo de la justicia federal, tras ocho años de litigio.
Cinco de los trabajadores se presentaron a la JLCyA, para solicitar a Mario Arturo Daza Buendía les explicara los argumentos con los que les impiden la reinstalación, otros 25 empleados técnicos de capacitación, permanecían en la unidad del municipio de Oriental, donde deberían otorgarles legalmente la reinstalación, en obediencia a un amparo a su favor que exigía esa acción laboral, sin embargo, no sucedió así.
En entrevista con RDNoticias en el lugar de la protesta, los inconformes dijeron que todo inició en el año de 2014, cuando durante el gobierno del finado Rafael Moreno Valle Rosas, despidieron injustificadamente a unos cien trabajadores, de los cuales unos 40 presentaron las denuncias relativas.
Las demandas laborales fueron ganadas por el despacho que los representaba, a partir de 2017, otros en 2019 y otros en años más cercanos, sin embargo, como el ICATEP es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla y se encuentra administrativamente en la estructura de la Secretaría de Trabajo, la parte patronal se convierte en juez y parte.
Sin embargo, y a pesar de ese esquema de inequidad, los trabajadores ganaron su reinstalación, pero el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta, les ha negado la justicia laboral ganado, ante eso, recurrieron a instancias federales, por lo que lograron obtener un amparo a su favor, el cual ordena su reinstalación definitiva.
Los quejosos dijeron que los primeros dos años del gobierno de Miguel Barbosa lograron avances importantes, más que en los años anteriores, y todo iba bien, pero al cambio de secretario y con la llegada del nuevo titular, Gabriel Biestro Medinilla, todo se fue para atrás y les han advertido que hagan lo que hagan, no van a ser reinstalados por órdenes “desde muy arriba”, bajo la advertencia de que, si insisten en pedir justicia laboral, van a tener consecuencias.
