Por Rubén Díaz Avelino
Una vez más, como año con año miles de mujeres realizaron una marcha en Puebla para exigir justicia y alto al acoso laboral y sexual en la sociedad, la iniciativa privada, pero principalmente en el Gobierno de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla, donde las autoridades hacen caso omiso y permiten el abuso del machismo.
No fue un día de fiesta por el Día Internacional de la Mujer, fue un día de lucha y de protesta con el color morado, el color violeta, el verde y hasta el rojo sangre en las pintas del rechazo a las autoridades universitarias, estatales y del municipio de Puebla, donde se concentran y se callan la mayor parte de excesos de género.
Fueron más de 30 mil mujeres en las distintas marchas, realizaron algunos desmanes y pintas, mismos que no significan nada ante el agravio social, el insano estigmatismo contra ellas y la constante e incómoda victimización que las persigue en vez de la justicia que ellas buscan.
Y es que los números son muy fríos; del 2018 al 2023, siguen imparables los feminicidios con 162 sin que en todos haya justicia, responsables en la cárcel pagando penas corporales y sin que haya una estrategia de estado para frenar estos hechos.
También estuvieron presentes las demandas contra los abusos laborales, contra la violencia de genero que se normaliza, la despenalización del aborto que avanza en casi todos los estados del país, pero en Puebla, el Gobierno de Puebla y el Congreso del Estado, qué, en consecuencia, impide la existencia de instrumentos que disminuyan de forma importante el acoso y hostigamiento.
Una parada de protesta muy importante fue en el Congreso del Estado, donde los legisladores lejos de enarbolar las demandas de las mujeres como representantes sociales, sólo patean el bote y evaden sus responsabilidades en cuanto a la despenalización de aborto.
El contingente hizo sus reclamos en el Congreso del Estado, en la Fiscalía General del Estado, donde igual que en el Poder Legislativo, también patean el bote ante los feminicidios.
Las marchas estuvieron organizadas por el Frente Feminista Radical, otra expresión fue el autodenominado Bloque Negro, que iniciaron las congregaciones en la Fiscalía General del Estado.
Al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina le exigieron que no siga la política del extinto Miguel Barbosa a quien no le importaba la violencia contra las mujeres, lo mismo le exigieron al alcalde Eduardo Rivera Pérez, de quien dijeron que prefiere ser cómplice del abusador y acosador sexual dirigente del sindicato “Benito Juárez”, Gonzalo Juárez Méndez, y pidieron a las trabajadoras agremiadas sacarlo del poder que tiene como “líder charro y abusador” del Ayuntamiento de Puebla.
