El Congreso del Estado de Puebla tuvo un año para dictaminar y aprobar la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla y no lo hizo. La LX Legislatura cierra su tiempo ordinario de sesiones con pendientes serios, pero sobre todo con compromisos incumplidos.
¿Cómo explicarle a las familias de personas desaparecidas en el estado que sus representantes populares no pudieron aprobar una iniciativa elaborada colectivamente, presentada formalmente y revisada interinstitucionalmente? No pocas veces se ha insistido en que si una reserva moral le queda al país es la de los colectivos y las familias que buscan a sus seres queridos.
A ellas y a ellos les está traicionando una legislatura que, por su composición, parecía que se iba a tomar en serio la palabra de legislar para transformar.
La molestia de las familias es legítima. El Congreso de Puebla les prometió legislar y se encuentra en deuda. La tarea está hecha. Hay una iniciativa, hay observaciones a la misma de parte de instituciones estatales y organismos internacionales, y hay una problemática que atender. ¿Hay voluntad política?
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece las bases a las que deben apegarse las distintas entidades federativas. El Estado de Puebla necesita un marco jurídico que asigne obligaciones específicas, establezca estándares de comportamiento y formalice mecanismos de coordinación en la entidad. Eso sólo lo puede aportar una ley estatal, como lo han logra[1]do hasta ahora 14 entidades de la República Mexicana.
¿Qué esperan diputadas y diputados? La LX Legislatura no ha terminado aún. En solidaridad con las familias y en apego al cumplimiento de sus obligaciones, exigimos se convoque a un periodo extraordinario en los dos meses que restan para completar el proceso legislativo iniciado.
