Por Ismael Rojas Cuellar
Ocho vialidades de Puebla capital y la zona metropolitana fueron liberadas luego de las protestas de familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel, quienes exigieron la reubicación de su director, Jorge Ortiz Delgadillo, por presuntos cobros ilegales y agresiones contra internos.
Tras el retiro de los bloqueos, el subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinosa, informó que el Gobierno estatal investigará el desempeño del funcionario y determinará si existen responsabilidades administrativas o de otra índole.
Las movilizaciones se extendieron a distintos puntos de la ciudad y provocaron afectaciones a la circulación. Los inconformes acusaron que dentro del reclusorio se exigen pagos para acceder a determinados espacios y condiciones de internamiento, además de denunciar amenazas y golpes contra sus familiares.
Entre los cobros que señalaron se encuentran cantidades de entre 50 mil y 60 mil pesos para bajar al patio, así como ocho mil pesos para permanecer en una celda. Estas cifras corresponden a los testimonios de los manifestantes y no han sido acreditadas por una investigación oficial.
Los familiares también exigieron la salida del director, a quien responsabilizaron de permitir las presuntas irregularidades. Durante las protestas, algunos inconformes irrumpieron en Casa Aguayo y derribaron las vallas colocadas en el inmueble para exigir que las autoridades atendieran sus demandas.
El Gobierno estatal sostuvo que el diálogo permitió alcanzar acuerdos y restablecer la circulación en los ocho puntos donde se instalaron los cierres. Sin embargo, no detalló públicamente los compromisos específicos asumidos con los familiares.
Huerta Espinosa indicó que las denuncias tendrán seguimiento y que, si se comprueban irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes. Hasta ahora, no se ha anunciado la separación del cargo de Ortiz Delgadillo mientras se desarrolla la revisión.
