Por Rubén Díaz Avelino
El pasado 29 de noviembre, durante la madrugada, en una tienda del barrio de Santa Clara La Venta, perteneciente a la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, cuatro hombres fueron ejecutados en una acción directa, con varias armas de grueso calibre por individuos desconocidos hasta ahora.
Los hechos violentos crearon confusión porque los criminales dejaron una lona con una advertencia de que iban a limpiar a la ciudad de Puebla, por lo que en primera instancia y con la información recabada inmediatamente por los vectores de proximidad del municipio de Puebla, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, declaró que se había tratado de un ajuste de cuentas.
Con el paso de las primeras horas, se sabría que las víctimas eran ajenos a cualquier forma de crimen organizado, y que posiblemente quienes los ultimaron, lo hicieron para mandar un mensaje de terror en esa comunidad, lo cual lograron.
Ante las declaraciones apresuradas de Rivera Pérez, los familiares de los fallecidos, exigieron que se aclarara que ellos no pertenecían a bandas criminales ni se dedicaban a actividades del crimen organizado, además de exigir justicia.
Las investigaciones le dieron la razón a las familias, por loque en primera instancia, el gobernador del estado, Miguel Barbos Huerta, de forma prudente, aclaró que las víctimas, efectivamente, no tenían antecedentes penales ni mucho menos la mínima presunción o sospecha de dedicarse a cuestiones delictivas.
En este contexto cabe puntualizar que los que murieron, además de ser ejecutados, fueron victimizados, quizá sin intensión del edil, pero el tema pone en la mesa la necesidad de revisar la urgencia de una iniciativa para proteger a las víctimas inocentes en daños colaterales del crimen organizado.
Los hechos de violencia que dejan un promedio diario de 90 asesinatos violentos vinculados al crimen organizado en todo el país, un número nunca antes visto en anteriores administraciones.
Lo anterior es consecuencia directa de la incompetencia y hasta en algunos casos de la complicidad de las autoridades, las cuales lejos de cumplir con el obligado monopolio de hacer valer la ley y garantizar la seguridad pública de las personas, de las familias, en el país y en el estado, quedan a deber no sólo en eso, sino en la administración de la justicia que le da paso a una inexplicable impunidad.
En tanto, es la autoridad la que tiene la obligatoriedad de garantizar el futuro de las víctimas menores de edad de estos hechos, niños, niñas y adolescentes quienes a partir de pérdida de quienes les garantizaban el sustento, la alimentación y la educación, quedan en una h que no merecen.
Los criminales, no sólo asesinan a los padres o madres de familia, también matan el futuro, los sueños, el desarrollo y el progreso de las hijas y los hijos de quienes fueron víctimas del crimen.
Lo anterior es razón una para que sean el Estado, por medio de los gobiernos estatales, quienes garanticen la educación y el futuro de los afectados.
Legislar sobre este tema, con el espíritu de hacer justicia y garantizar el futuro de los huérfanos, es verdaderamente pensar en un proyecta de nación, mediante la reparación del daño de quienes debían de ser protegidos y cuidades por gobiernos que no lo han hecho.
No es una solución total, pero es un buen principio para tener un verdadero estado de derecho, que supere la justicia y disminuya la impunidad.
Es por lo tanto, tarea y obligación de los diputados del Congreso del Estado legislar sobre este tema y dejar de ser huevones levanta dedos.
Y no deben de sentirse ofendidos, deben de sentirse tomados en cuenta para eliminar la estigmatización que tienen, de que sólo son buenos para nada.
O acaso quieran esperar a ser obligados a legislar sobre el tema con unas 10 mil firmas.
Es cuanto señores representantes del pueblo.
Por la afirmativa, entonces.
Y me pueden citar.
