Por Ismael Rojas Cuellar
El exalcalde de Puebla anunció que impugnará la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa; Bernardo Arrubarrena, exsecretario de Administración, también enfrentaría una sanción de 10.5 millones de pesos y 10 años de inhabilitación.
El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, enfrenta una sanción de 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos municipales y una multa de 15 millones de pesos, derivada de presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la comprobación de su cuenta pública.
La determinación fue emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Puebla, de acuerdo con la información difundida este miércoles. Sin embargo, el propio Rivera confirmó que recibió una resolución que no es definitiva y adelantó que recurrirá a las instancias correspondientes para combatirla.
A través de un posicionamiento público, el panista rechazó los señalamientos y sostuvo que durante su administración se condujo con apego a la legalidad. Afirmó que se le atribuye un supuesto abuso de funciones que, desde su perspectiva, no fue acreditado y negó que la resolución lo responsabilice de un mal manejo de recursos públicos.
Rivera Pérez también cuestionó el momento en que se dio a conocer la determinación, al considerar que coincide con el inicio de la ruta electoral de 2027. Por ello, acusó que existe una intención política detrás del procedimiento y calificó el caso como parte de un ataque sistemático en su contra.
La sanción también alcanzaría a Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración y Tecnologías de la Información durante el gobierno de Rivera. Para el exfuncionario se contempla una inhabilitación de 10 años y una multa de 10 millones 500 mil pesos.
Los procedimientos están relacionados con observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas de la administración municipal. Entre los antecedentes se encuentran señalamientos correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, que en conjunto sumaron alrededor de 306.9 millones de pesos en pliegos de observaciones.
Entre los contratos cuestionados se encuentran servicios de producción, difusión y logística, así como documentación que, según las revisiones, no habría acreditado suficientemente la prestación de algunos servicios. Estos montos corresponden a observaciones de fiscalización y no deben confundirse con las multas individuales que enfrentan los exfuncionarios.
El caso abre un nuevo frente para Eduardo Rivera en la antesala de las elecciones de 2027. No obstante, el exalcalde sostiene que defenderá su nombre y sus derechos mediante los recursos legales disponibles, por lo que el desenlace dependerá de las instancias que revisen su impugnación.
