Por Rubén Díaz Avelino
Aparte de México, no hay ni una sola nación en el mundo en donde 134 mil de sus ciudadanos estén desaparecidos.
Además de México, no hay un solo país en el mundo que tenga tantas ejecuciones que se suman y acumulan cada día que pasa.
No hay ni un solo país en el mundo, después de México, en donde la tercera parte del territorio sea controlado por el crimen organizado y por cárteles que envían drogas, literalmente a todo el mundo.
Esa es la realidad que se niega a ver el gobierno federal.
El gobierno federal no es el responsable de esas134 mil personas desaparecidas, pero si es responsable de la reacción que han tenido al respecto la administración pasada y la actual, en el tiempo que le corresponde.
Lo mismo aplica para las ejecuciones y la captura del territorio por parte de los narcos, quienes al mismo tiempo han capturado al Estado, interviniendo y decidiendo elecciones, para decidir y poner a autoridades en puestos claves para el control de las finanzas, la fuerza pública y la infraestructura en cientos de municipios del país.
En siete años, no sólo no se encontró una solución, sino que se acentuó esta situación en la que el país se encuentra atrapado, en medio de negocios como el huachicol financiero, que es el caso de corrupción más grande, no sólo cometido en el país, sino en todo el mundo.
Por esa razón, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU alertó que México enfrenta una muy grave crisis institucional, y ante la gravedad y presunta colusión de autoridades con el crimen, este organismo elevó el caso a la Asamblea General de la ONU, para exigir acciones internacionales.
Lo anterior no es cosa menor, pues se considera que insisten indicios fundados de que las 134 mil desapariciones se cometen de manera generalizada y sistemática, es decir, en México se cometen crímenes de lesa humanidad.
En verdad, esto no es menor, pues México concentra el 38 por ciento de todas las “acciones urgentes” activas a nivel mundial de la ONU.
Esto es consecuencia de que, en los últimos siete años, en realidad no se hizo nada para frenar las desapariciones, son consecuencia de fallas estructurales graves, así como retrasos en investigaciones y protecciones inadecuadas para familiares y buscadores.
En verdad, ante esto, solo falta un monumental absurdo de que el gobierno federal diga que este asunto es un tema de “Una oficina de la ONU”, pues esa siempre es la equivocada respuesta y narrativa que tienen y que, en este caso, seguramente van a tener al respecto.
Allá ellos, la historia ya está empezando a juzgarlos.
Y sólo falta también que se recurra a la defensa leguleya de “las pruebas” o de que es una “violación a la soberanía”.
La intervención de la ONU en el caso de los desaparecidos, incluso el tema de Rocha Moya y coacusados, en verdad debe de verse como una oportunidad para acabar con la pudrición que amenaza al país.
