Alberto Hernández
El coordinador de gabinete del Gobierno del Estado, José Luís García Parra, lanzó un llamado enérgico a los presidentes municipales, advirtiendo que aquellos que toleren o permitan actos delictivos dentro de sus demarcaciones serán considerados cómplices y enfrentarán responsabilidades por omisión.
Durante su mensaje, García Parra enfatizó que en Puebla ninguna autoridad, ya sea estatal o municipal, ni ningún ciudadano, estará por encima de la ley. Señaló que la administración estatal reforzará los mecanismos de vigilancia y coordinación con los municipios, pero recalcó que cada ayuntamiento debe asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública.
Por otro lado, García Parra, mencionó que el sistema RUTA funciona mediante Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), mecanismo que permitió a administraciones pasadas contraer compromisos financieros sin transparentarlos como deuda pública directa. Este modelo, añadió, dejó una “deuda encubierta”, disfrazada de obligaciones financieras, cuyo impacto continúa afectando las finanzas del estado.
El funcionario detalló que, aunque el gobierno actual ha buscado alternativas para corregir y mejorar el funcionamiento del sistema, una eventual decisión para dar por terminada la concesión tendría un costo aproximado de 22 mil millones de pesos, monto que pondría en riesgo la estabilidad financiera del estado.
