Por Luz ALonso
Con consignas en defensa de la “familia tradicional” y llamados a frenar reformas sobre infancias trans, colectivos conservadores se manifestaron frente al Congreso del Estado de Puebla para exigir que no se aprueben cambios legales relacionados con el reconocimiento de identidad de género en menores de edad sin antes realizar un parlamento abierto.
La protesta ocurrió en el contexto de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso poblano legislar sobre el reconocimiento administrativo de identidad de género para niñas, niños y adolescentes trans, al considerar insuficiente el marco legal vigente en la entidad.
La movilización fue encabezada por Elisa Bonilla, directora de campaña de Citizen Go, acompañada por integrantes de organizaciones como Red Familia y Civilitas.
Durante el acto, entregaron alrededor de 17 mil 900 firmas dirigidas al Poder Legislativo local.
Las y los manifestantes pidieron a las diputadas y diputados abrir mesas de diálogo con especialistas, organizaciones civiles, padres de familia y distintos sectores sociales antes de avanzar con cualquier iniciativa relacionada con infancias trans.
En su posicionamiento, los colectivos expresaron su rechazo a que personas menores de edad puedan modificar su acta de nacimiento para reconocer una identidad de género distinta a la asignada al nacer.
“Las personas menores de edad no tienen las condiciones para tomar decisiones como solicitar su cambio de identidad de género”, señalaron representantes de las organizaciones durante el pronunciamiento público.
Además, insistieron en que el Congreso debe actuar “con responsabilidad” y evitar aprobar reformas bajo presión judicial o política. También acusaron que existe una exigencia directa de la SCJN para acelerar la discusión legislativa en Puebla.
El tema volvió a colocarse en la agenda pública luego de que la Corte federal instruyó al Congreso local armonizar la legislación estatal para garantizar el reconocimiento de identidad de género en menores trans, otorgando un plazo de seis meses para cumplir con la resolución.
De acuerdo con la determinación judicial, las reformas aprobadas previamente en Puebla no contemplaban mecanismos claros para niñas, niños y adolescentes, por lo que fueron consideradas insuficientes en materia de derechos humanos.
A partir del 15 de mayo, el Congreso del Estado deberá presentar una respuesta inicial ante la resolución de la SCJN y comenzar mesas de trabajo para analizar posibles modificaciones legales.
