-Gobierno del Estado, BUAP, Ayuntamiento de Puebla, de Nopalucan y el dirigente sindical Gonzalo Juárez inauguran primer tendedero
El Gobierno del Estado, la BUAP, el Ayuntamiento de Puebla, el de Nopalucan, y el dirigente sindical del Ayuntamiento capitalino, Gonzalo Juárez Méndez, fueron exhibidos en un tendedero de deudores laborales, quienes se saltan la ley para incumplir y postergar obligaciones de sentencias por laudos.
El primer tendedero de su tipo fue instalado en el zócalo de Puebla, sin afectar el mobiliario ni los árboles, participaron extrabajadores que demandaron a instituciones, les ganaron las demandas y ya cuentan con sentencias mediante laudos que obligan a instituciones a pagar indemnizaciones.
Por parte de los afectados por el Gobierno del Estado, extrabajadores del ICATEP y profesores de la SEP, denunciaron que además de que evaden sentencias e imponen acceso a la justicia laboral, dañan los ambientes positivos laborales, a pesar de ser instituciones gubernamentales, por lo que fue exhibida Isabel Merlo Talavera.
Un caso particular fue el del dirigente del Sindicato del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, quien, a pesar de ser el representante de mil agremiados, perdió una demanda laboral en su contra y no supo defenderse, pero no es la primera que pierde, lo que pone en entredicho la certeza laboral y jurídica en la que se encuentran sus representados.
Este dirigente también ha sido señalado por corrupto, por ignorante y por acosador, pues aprovecha su posición de poder para presionar a las mujeres jóvenes a quienes ofrecen plazas a cambio de favores sexuales, pero además amenaza para no ser señalado.
Otros casos fueron el del alcalde del municipio de Nopalucan, Porfirio Peralta Benítez, quien evade responsabilidades de pago a un ex empleado y niega las mínimas prestaciones que la ley marca, para los empleados municipales, como es el caso del IMSS.
También fue exhibido el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien, a pesar de presumirse como defensor de las causas femeninas, garantiza impunidad para acosadoras laborales y casos de acoso sexual de jefes en contra de empleadas municipales.
