Con la entrega dego 24,500 firmas ciudadanas, organizaciones civiles solicitaron al Congreso del Estado de Puebla abrir un proceso de parlamento abierto antes de discutir cualquier iniciativa relacionada con el reconocimiento legal de la identidad de género en niñas, niños y adolescentes.
En conferencia de prensa, representantes de CitizenGO, Civilitas, Matrimonios en Comunidad y otros colectivos señalaron que las firmas respaldan la petición de que padres de familia, especialistas y organizaciones de la sociedad civil sean escuchados antes de que se tome una decisión legislativa sobre el tema.
Las agrupaciones también cuestionaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la cual se solicita al Congreso poblano informar sobre los avances en torno a una iniciativa relacionada con la identidad de género de menores de edad. A su juicio, esta determinación representa una presión indebida sobre el Poder Legislativo local.
Recordaron que el pasado 12 de junio presentaron un escrito ante la SCJN acompañado inicialmente por más de 20,000 firmas, en el que solicitaron la apertura de espacios de diálogo. Sin embargo, afirmaron que el máximo tribunal respondió que la sentencia es de orden público y debe cumplirse sin someterse a consultas con grupos ciudadanos.
Los representantes sostuvieron que la actuación de la Corte invade las atribuciones del Congreso del Estado, al considerar que corresponde exclusivamente a los legisladores definir los tiempos y mecanismos para discutir reformas de esta naturaleza, en apego al principio de división de poderes y al federalismo.
Asimismo, reiteraron que cualquier modificación legal sobre identidad de género en menores debe analizarse con la participación de diversos sectores de la sociedad, mediante un proceso transparente y abierto.
Finalmente, hicieron un llamado a las y los diputados poblanos para privilegiar el diálogo antes de avanzar en la discusión de esta iniciativa y anunciaron que continuarán impulsando acciones de participación ciudadana para que sus planteamientos sean considerados durante el proceso legislativo.






