-Llueven denuncias para Ongay Ortiz; el director que mantiene su cargo
-El gobierno no deja clara su postura sobre el caso de Ongay Ortiz y las empresas de seguridad privada
Jaime Ongay Ortiz, director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad en Quintana Roo, ha sido acusado de incurrir en actos de corrupción contra varios negocios. Estas compañías aseguran que, si no acceden a cumplir ciertas condiciones impuestas por parte del funcionario y su secretaria, Isis Yetlanexy Amilpa Córdoba, las sanciones pueden ser graves.
Los empresarios han denunciado que Ongay exige pagos millonarios para agilizar los trámites. Los afectados afirman que cuentan con pruebas de cómo las empresas que acceden a pagar estas sumas reciben aprobación de la dependencia pública en tan solo un par de días.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y la Ley de Seguridad Privada establecen que los plazos generales para resolver trámites de autorización son de 1 a 90 días hábiles, según el caso; sin embargo, los empresarios afirman que quienes se niegan a ceder ante los sobornos enfrentan demoras de hasta seis meses o más.
Ni el titular de la SSC, Julio César Gómez Torres, ni el gobierno estatal han presentado alguna postura firme respecto al problema, lo que ha hecho que los implicados piensen que el director cuenta con alguna protección por parte de los altos mandos.
La iniciativa privada le ha demandado a la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, el despido inmediato del funcionario, así como la creación de un canal seguro para denuncias y mayor transparencia en la realización de trámites. Hasta el momento, no han recibido respuesta.
Esta no es la primera vez que Ongay Ortiz se encuentra en el ojo del huracán. En 2005, fue acusado de participar en la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho, quien escribió el libro Los demonios de Edén y fue privada de su libertad, además de ser sometida a tortura física y psicológica por su presunta implicación en una red de explotación sexual infantil, según lo documentado en su obra. La Corte Suprema de Justicia de Quintana Roo responsabilizó a Ongay Ortiz, quien en aquel entonces era jefe de la Policía Judicial, por su participación en la injustificada detención.
En 2018, cuando Ongay se desempeñaba como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Isla Mujeres, volvió a enfrentarse a una ola de acusaciones, pero esta vez por parte de policías municipales que aseguraban haber sido víctimas de extorsión.
Actualmente, Ongay Ortiz, junto con su secretaria Isis Yetlanexy, han acumulado denuncias provenientes de al menos 30 empresas, las cuales los señalan por su mal trato, corrupción y manipulación de la prensa.
A pesar de que desde 2017, con la promulgación de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, se han realizado diversos esfuerzos institucionales para erradicar estas prácticas, el problema continúa en aumento, especialmente en el ámbito de los servicios públicos. De hecho, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2023, el 88.9% de la población de 18 años y más manifestó insatisfacción ante los actos de corrupción en distintos sectores.
El caso de Ongay ha hecho que los empresarios decidan alzar la voz, pues están seguros de que, en lugar de promover una regulación justa y equilibrada en el sector, lo que el funcionario ha hecho termina por poner en riesgo el movimiento transparente que los negocios están buscando consolidar.
Un implicado en el caso, bajo condición de anonimato, expresó que Quintana Roo no puede ser un estado que siga permitiendo este tipo de injusticias y que, si el gobierno del estado no hace algo al respecto, el problema podría escalar aún más.
