Dicen los que saben que el caso de la delegada del Bienestar, Natalia Suárez, no es un hecho menor ni aislado. Es un mensaje claro, directo y sin rodeos.
Servidor público que presume, se expone; el que comparte de más, se balconea; y el que no mide… paga.
Así de sencillo.
Así de crudo.
El gobernador Alejandro Armenta lo tiene claro y por eso, la mañana de este lunes, no se anduvo por las ramas.
Fue directo al punto: todos están bajo escrutinio. Todos.
En tiempos donde una foto, un video o un “en vivo” pueden comprometer no solo la chamba, sino a toda una dependencia —y hasta al propio gobierno—, pensar antes de publicar ya no es recomendación: es obligación.
Y para quienes gritan “censura”, no. No lo es.
Es realidad digital.
Todo apunta a que las horas de la colaboradora cercana a Nacho Mier están contadas.
Y que este episodio marca un antes y un después en la lógica del poder público: el cargo no es adorno, ni licencia para el exceso.
Porque en la Cuarta Transformación, el exceso —aunque sea festivo— cobra factura.
Y en la 4T, el que no se alinea, se exhibe.
Y el que se exhibe… se va.
¿O no?
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