Interviene la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, pero hay desconfianza hacia el organismo
Mientras que los deudos de las tres personas que murieron ejecutadas en Coyomeapan durante el ataque a balazos de más de 60 elementos de la Policía Estatal que le tendieron una emboscada a los habitantes opositores al cacique Celestino Rosas, protegido del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH-Puebla), decidió intervenir en el crimen múltiple.
La CDH-Puebla inició una investigación bajo el expediente 3050/22 sobre los hechos del 10 de mayo pasado, por lo que abogados, peritos y psicólogos iniciaron entrevistas con familiares de los asesinados y personas que participaban en la caravana después de una asamblea comunitaria, cuando fueron emboscados a balazos.
Los pobladores recibieron apoyo económico de los propios habitantes para sufragar los gastos, pues para solicitar la entrega de los tres cuerpos, entre ellos de un joven de 15 años, debieron trasladarse al municipio de Tehuacán, pero deben pernoctar en esa ciudad, y eso genera gastos por hospedaje, alimentación y papeleo.
Debido a lo anterior, organizaron una rueda de prensa, pues los medios de comunicación les solicitaban información.
Los afectados sostuvieron que la asamblea que organizaron era una más de las que han sostenido, era pacífica y civil, por lo que no había necesidad de tener armas, por lo que calificaron de una maldita mentira que se diga que fue enfrentamiento y que abrieron fuego a los uniformados.
“Hay que estar locos o ser suicidas para enfrentarse a 60 policías estatales fuertemente armados, no llevábamos ni un charpe, ni palos o piedras, es una falacia y una irresponsabilidad que el gobierno intenté justificar las muertes con un enfrentamiento”.
Otro deudo dijo: “Donde están las armas que supuestamente llevábamos, eran tantos policías que fácilmente nos superaban y por lo mismo hubieran asegurado las supuestas armas que sólo existen en la cabeza de Miguel Barbosa”, señaló.
Otro de los afectados dijo “Si hubiéramos llevado armas, por lo menos habría un policía estatal herido, fue una emboscada cínica, alevosa y ventajosa”, añadió.
Uno más: “Si no tenemos para comer, ni para enterrar a nuestros muertos, cómo o de dónde íbamos a tener para comprar armas, el mismo gobierno nos boicotea la venta de nuestros productos del campo, terminamos comiéndonos nuestra producción”, añadió.
Otro de los afectados dijo: “No soportan que el movimiento en contra de los caciques de Coyomeapan, de la familia Celestino Rosas vaya en aumento, deben investigar al cacique, pero también al gobernador que está del lado de la familia impune y asesina”, enfatizó.
(Por seguridad de los afectados nos e revelan sus identidades)
