Un grupo de 19 trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fueron despedidos sin finiquito alguno el pasado viernes, lo que generó un caos para la atención a interesados en el seguimiento de demandas laborales y litigantes.
Los afectados fueron llamados por sus jefes inmediatos y uno a uno les indicaron que ya no tenían a partir de ese momento relación alguna con el organismo laboral.
La orden fue por parte del actual secretario de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, quien un día antes también ordenó el despido de 20 trabajadores de la dependencia en la que funge como titular desde el día 15 de enero del año en curso.
Desde el 15 de enero referido, a la fecha, el funcionario ha despedido a unos 110 trabajadores de esa dependencia, a pesar de que ofreció que no habría despidos el día que tomó posesión.
Además, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dejaron de surtir insumos, como papel de mano y toallas de papel para secarse las manos, por lo que las y los empleados, así como interesaos y litigantes deben llevar su propio papel.
En los lavabos sólo funciona una llave para lavarse las manos y el suministro de agua es a cuenta gotas.
Los insumos de limpieza, deben ser rebajados por el personal quien los completa con agua para que alcancen en cada jornada laboral, esto a pesar de que han aumentado los riesgos de contagio por COVID-19.
Sólo funciona una fotocopiadora y los empleados se han visto obligados a acudir a sacar copias urgentes a los establecimientos ubicados sobre la calle 9 Oriente y la calle 20 Sur.
Algunos abogados laboristas incluso han ofrecido llevar sus propias hojas y hasta toner para facilitar los trámites que ahí se llevan a cabo, tanto por actas como por acuerdos de quienes comparecen.
Al principio del sexenio de Rafael Moreno Valle había más de cien trabajadores, pero en su segundo año redijo el personal al 50 por ciento, y con los despidos de la semana pasada, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje opera hasta en un 30 por ciento de la capacidad requerida.
Los trabajadores que siguen laborando en dicho organismo, no se dan abasto para sacar adelante las cargas laborales y dan citas para acuerdos y elaboración de actas hasta dos meses después.
Por lo anterior será imposible disminuir el rezago generado desde el morenovallismo, que es de unos 35 mil expedientes, con lo que se dificulta o imposibilita la justicia laboral que requieren afectados, algunos ya tienen hasta 10 años de espera de la solución de sus juicios.
La situación es tan delicada por falta de personal, que incluso quienes acuden a realizar su servicio social o prácticas profesionales, deben de asumir actividades que no les corresponden y por las que no tienen ninguna responsabilidad si algo sale mal, debido a que no devengan ningún tipo de beneficio económico.
