-Señala al juez Jaime Arroyo Razo de ordenar el desalojo de la afectada, de su casa
-Suplica al gobernador Alejandro Armenta su intervención y el mandatario ofrece respaldo para que se haga justicia
Por Rubén Díaz Avelino
Una mujer, joven madre de familia denunció en redes sociales, mediante un testimonio en primera persona golpes, amenazas y violencia familiar y tráfico de influencias por parte de su esposo Israel N, y también señaló al juez Jaime Arroyo Razo, de corrupción y parcialidad a favor del agresor.
Fernanda León hizo la denuncia en Facebook, y sostuvo que ya existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres en San Andrés Cholula, como resultado, intervino a su favor y en primera instancia, una jueza, pero eso llevó al esposo a aumentar su nivel de violencia.
“El día 09 de enero del presente año, la jueza Karen Moreno Valle Ponce, del Juzgado Oral Familiar de Cholula, me concedió audiencia, y quien, con base en las pruebas presentadas, me otorgó la guardia y custodia provisional de mi hijo de 1 año, así como la manutención para el menor, -de la cual hasta el día de hoy no he recibido un solo peso-, y la orden de restricción para mi agresor Israel N. así como su familia Martha N. Israel N., Azuany N. y Santiago N.”
La afectada expuso con contrajo matrimonio con Israel N. en octubre el año 2022, y a partir de entonces, su esposo se transformó en su propio agresor.
Señaló que día tras día fue aumentando cada vez más la violencia, poniéndole un rastreador en el automóvil, cámaras que la vigilaban todo el tiempo, y estaba obligada mediante violencia y amenazas, de reportarle cuando llegaba y cuando salía.
El 1 de diciembre de 2024 la cosa empeoró, se llevó a su hijo, se lo entregó a sus padres y por los gritos de desesperación de ver cómo se llevaban al bebé, la golpeó violentamente.
Las consecuencias del golpe, fueron un esguince en el cuello, rotación de cadera, múltiples moretones, mechones de cabello en el suelo y el rapto del niño de 11 meses, al que no ha podido ver.
Por esos hechos inició una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres en San Andrés Cholula, pero se quedó en eso, la autoridad no le dio seguimiento.
Acuso que Israel N. cuenta con diversas armas de fuego de alto calibre con las que en múltiples ocasiones también la amenazó de muerte.
También señaló que, en un momento, el juez segundo de lo familiar, Rogelio Pérez Sánchez instruyó el depósito de su persona y el bebé en la casa en la que vivían como familia, por lo que, por orden del juez, elementos de la fuerza pública retiraron al agresor del domicilio referido, pero mientras eso ocurría, Israel N. amenazó a los policías y a la madre de la afectada, en el sentido de que, “se van a arrepentir, y “van a saber quién soy”.
El 06 de febrero de este año, cuando Fernanda circulaba en el vehículo familiar, fue detenida junto con su hijo, por una patrulla de la Policía Estatal, quiénes ya la esperaban fuera del fraccionamiento, con la “indicación” de retirarle la camioneta, y de presentarla directamente al Penal de San Miguel por supuesto “robo del automóvil”, sin permitirle ver la orden judicial, pero ese mismo día salió libre.
Y así llegó al día 07 de marzo, a tan solo unas horas de conmemorar el día Internacional de la Mujer, ella y el bebé y yo fueron desalojados de la citada casa, por orden del juez Jaime Arroyo Razo: con sus pertenencias en bolsas de basura, sin poder sacar la cuna de su hijo y a pesar de que ese domicilio había sido indicado por el juez Rogelio Pérez Sánchez para que ella vivía con el menor.
Dijo que al juez Jaime Arroyo Razo, no le importó dejarla en la calle. Durante el desalojo hubo agresiones, acciones ilegales e incluso Azuany N. y Santiago N., rompieron la orden de restricción que tenían porque entraron al domicilio mientras ella y su hijo, aún estaban ahí.
Finalmente, la afectada le suplicó al gobernador del estado, Alejandro Armenta, que no le permita a su agresor continuar la violencia, que desde su privilegio económico no siga amedrentándola e intentando comprar a jueces, ya que los procesos que hay sobre este problema, se han visto plagados de inconsistencias.
