El país se cae a pedazos en cuanto al tema de la inseguridad pública.
Te roban en tu casa, te roban en tu negocio, en tu trabajo, camino a la escuela, en calles transitadas y en calles solitarias.
Y te roban en el transporte.
Hay una organización criminal que se dedica al robo de celulares y billeteras, el grupo organizado para cometer delitos a bordo de microbuses y autobuses del transporte público, está integrado por unos 50 maleantes, entre ellos hay hombres, mujeres, incluso personas de la tercera edad y hasta una mujer que tiene que usar bastón para poder cometer esos delitos.
Supuestamente, las autoridades municipales realizan operativos para evitar este flagelo, pero son tan evidentes esos operativos, que los maleantes saben o son avisados en los puntos en los su cuales se llevan a cabo.
Sin embargo, y también supuestamente, existen cámaras de vigilancia y supuestamente también, inteligencia policial, pero con nulos resultados.
Y hay dos explicaciones, o son deficientes o están coludidos.
Los 50 maleantes se dividen en cinco grupos de 10 rateros y rateras, y son capaces de golpear a quienes los descubren y les reclaman.
Y algunos choferes, por temor o por complicidad permiten ese tipo de acciones en sus recorridos.
Usan las horas pico para subirse a unidades con sobrecupo y eso les facilita sus fechorías.
Pero lo anterior también revela que las cámaras que fueron instaladas en las unidades de transporte, en realidad no funcionan, las instalan sólo para cumplir con la norma, pero son adornos, son una falacia.
Creo que al ciudadano sólo le queda hacer justicia por propia mano, porque en realidad, no es difícil dar con los maleantes.
Es más, la policía sabe quiénes son, pero no actúan porque es más fácil dejar pasar y dejar de ver, que actuar y ejercer la ley.
Y si delitos de bajo impacto como estos se cometen a toda hora del día, y en cualquier lugar, con total impunidad, entendemos porque se cometen otros delitos graves y del fuero común y federal sin que nada pase.
En verdad, se requiere un cambio de gran calado, para que este termine, o al menos disminuya.
Mientras tanto, el ciudadano común y corriente se ve obligado por las circunstancias, a hacer justicia por su propia cuenta.
