Por Rubén Díaz Avelino
En San Andrés Cholula los habitantes de los pueblos originarios se sienten traicionados.
Y es que mientras a ellos les niegan permisos y servicios, las tiendas de conveniencia, como los 0xxos, farmacias, tiendas 3B, o a fraccionamientos y edificios de alta plusvalía se multiplican con permisos de sospecha, permisos que a los habitantes de los pueblos originarios les niegan y encarecen.
La multiplicación de este tipo de negocios afecta directamente al comercio local, en una competencia desleal por parte de empresarios con quienes la presidenta municipal Lupe Cuautle tiene nexos irregulares y sospechosos.
Estos establecimientos logran documentación positiva ipso facto y eso hace presumir episodios de corrupción que visten de cuerpo completo a la alcaldesa Guadalupe Cuautle, conocida como La Lupe Cuautle, emanada del Partido Acción Nacional.
Ante esta situación, los afectados han empezado a organizarse y a protestar.
Lejos de ser escuchados, son desconocidos y ninguneados, porque a la edil poco le importa que los afectados representen la historia de más de dos mil años de vida contínua de Cholula; anula su memoria viva, su dignidad y su derecho a la autodeterminación.
Ante esta perversa forma de gobernar, los cholultecas se han unido en una resistencia que ya preocupa a las autoridades municipales, y la situación puede salirse de control, más allá del municipio, porque aparte de no escucharlos, les niegan acceso a mesas de trabajo.
Peor aún, hasta les piden pruebas de que son ciudadanos sujetos de derecho. Incluso, casi les piden un certificado o reconocimiento como tales, por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI.
En el caso de la instalación de una nueva tienda 3B, se edifica en un terreno que vendió convenientemente Dolores Parra.
La presidenta Lupe Cuautle, arguye que quienes se oponen, no tienen ningún tipo de sustento legal, por lo que según ella, no pueden atreverse a elegir ni defender sus derechos, como, por ejemplo, a elegir el tipo de desarrollo en sus comunidades, pues ignora su derecho a decidir el tipo de desarrollo que ellos requieren, y prácticamente los orilla a huir del territorio en el que cimentaron una historia milenaria.
La presidenta ha optado por alinearse a intereses político-económicos.
Los habitantes, lejos de tener el respaldo del ayuntamiento, lo que reciben es rechazo contundente y reiterado, a grado tal que los han orillado a ampararse, en consecuencia, la alcaldesa busca la forma de afectar a los oponentes con establecimientos que se traduce en aumento en el precio de derechos y en vez de darle continuidad a recomendaciones de instituciones judiciales vía amparos, hace oídos sordos.
Para sostener su narrativa e invisibilizar a los quejosos, asalta su razón mediante narrativas con exceso de publicidad y entrevistas en medios de comunicación a los que destina millones de pesos mensualmente, recursos que paradójicamente, salen de los impuestos de los mismos afectados.
Los afectados reclaman que la presidenta se niega darles la cara, en cambio, les envía abogados o funcionarios politiqueros oficiosos, que tienen un desconocimiento total de los problemas reales, que, en vez de resolver, postergan y agravan.
La intención de la autoridad ante este tipo de problemas, es retrasar soluciones, postergarlas y buscar con el tiempo, el olvido por parte de los representantes de los pueblos originarios.
El marido de Lupe Cuautle, (ex presidente municipal) debería de comprobar un presunto desfalco de más de 300 millones de pesos, en vez de buscar, detrás de su esposa como el verdadero poder en el trono, un desarrollo que sólo el y su esposa entienden, pero que afecta a los habitantes mediante conflictos de interés que sólo benefician a Lupita Cuautle, Edmundo Tlatehui Percino, a su parentela y socios empresariales que son apapachados con la cobija de la impunidad.
En este conflicto que afecta a los habitantes, la presidenta hace caso omiso a exhortos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pone oídos sordos a estudios académicos relativos de tres universidades, la UDLAP, Ibero y BUAP, sobre programas de desarrollo equitativos acorde a las necesidades de los habitantes.
La presidenta municipal sólo entiende el desarrollo como un insano prefijo recaudatorio.
Ante la falta de razón y sentido común, La Lupe se ha cerrado de forma rotunda a la existencia de estudios técnicos y jurídicos viables. Sólo reconoce los planes de muerte y de escritorio que realizan los funcionarios de su gobierno, los que, por cierto, son muy ignorantes y corruptos en el estricto sentido de ambas palabras.
Los habitantes de los pueblos originarios, prácticamente enfrentan una nueva conquista de sus territorios con base en el alza de precios a servicios completamente deficientes o inexistentes.
Ya son más de 40 pueblos originarios que han empezado a organizarse, con el objetivo de evitar que “nos quieran partir la madre”, como reclaman con justa razón los opositores a la intentona en marcha del desarrollo salvaje y mercantilista que ha marcado al gobierno de Cuautle, el cual es una continuación de lo que inició el anterior presidente municipal Edmundo Tlatehui Percino, su esposo, faltaba más.
TIENDAS 3B, MODELO DE NEGOCIOS DE EXPLOTACIÓN LABORAL.
Cabe señalar que las tiendas 3B, fueron fundadas en el país por el empresario estadounidense de origen libanés, Anthony Hatoum, conocido como “El Turco”.
Este empresario, uno de los más ricos del país, ha sostenido un crecimiento exponencial de sus tiendas, con base en un modelo de negocio de explotación laboral; sus trabajadores carecen de los derechos y prestaciones mínimas de la Ley Federal del Trabajo.
Por ejemplo, les niegan la Ley Silla, les incumple la seguridad social, evade el pago de utilidades; tampoco cuentan con capacitación y la venta de sus productos tienen éxito porque los proveedores, prácticamente financian las ganancias, pues entregan sus productos en venta y estos les son pagados hasta 60 días después de su entrega.
Los trabajadores tienen mucha rotación laoral. Se van por la falta de capacitación, desarrollo y nula capacidad de crecimiento en tiendas, cuya mercancía, prácticamente está amontonada, en construcciones que sólo ocultan la obra negra en que se establecen las tiendas 3B, y aún así, la presidenta, La Lupe, presume que estas tiendas son generadoras de empleo.
No es casualidad que estas tiendas de explotación laboral, tengan el respaldo de la presidenta municipal de San Andrés Cholula y que afecte directamente a quiénes les pedirá el voto en la reelección que pretende para seguir gobernando a partir de 2027 y hasta el año 2030.
