Alberto Hernández
En el marco de su aspiración a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid presentó su plan de trabajo, en el que planteó fortalecer al organismo empresarial como un eje central del diálogo entre el sector productivo y los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de impulsar la competitividad y el desarrollo económico del estado.
Durante una rueda de prensa, el candidato destacó que Puebla atraviesa un momento de transformación económica, caracterizado por una estructura productiva diversa, con sectores estratégicos como la industria automotriz, el comercio y el turismo, que enfrentan tanto oportunidades de crecimiento como retos estructurales.
Cisneros Madrid subrayó que, ante este escenario, es indispensable avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en la colaboración y la corresponsabilidad entre la iniciativa privada y el sector público. En ese sentido, afirmó que un CCE sólido y cohesionado puede desempeñar un papel clave como interlocutor confiable y propositivo en la definición de la agenda económica estatal.
“El compromiso es reforzar el diálogo y la comunicación para orientar el rumbo de la sociedad desde el CCE, con una participación activa de todos los organismos que lo integran”, señaló.
El aspirante a dirigir el organismo empresarial enfatizó la necesidad de fortalecer la relación institucional con autoridades federales, estatales y municipales, así como de consolidar un liderazgo técnico que permita articular las demandas y propuestas del sector productivo de manera efectiva.
Como parte de su propuesta, Cisneros Madrid presentó un plan de trabajo sustentado en seis ejes estratégicos. Entre ellos destacan el fortalecimiento de la unidad interna del CCE; la seguridad como condición indispensable para la actividad económica y la atracción de inversiones; y el impulso a la competitividad, el desarrollo económico y la inversión responsable.
Asimismo, planteó la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor, particularmente en el contexto del nearshoring; una agenda de mejora regulatoria y certidumbre jurídica; el fortalecimiento de la gobernanza público-privada para pasar de una gestión reactiva a la construcción de políticas públicas; y la realización permanente de foros estratégicos y de análisis prospectivo en coordinación con universidades y organismos empresariales.
