Al medio día del sábado 21 de mayo de 2022, dos hombres en motocicleta ejecutaron a la activista y abogada Cecilia Monzón en el Anillo Periférico Ecológico, fue un ataque directo y precisa. No hubo errores y la acción fue casi milimétrica, la huida también.
Se trató de uno de esos casos que los medios llevan necesariamente en la portada, el feminicidio saltó inmediatamente al ámbito político, era uno de esos crímenes que deben de tratarse con un profesionalismo impecable para garantizar castigo a los responsables.
Pero desde el principio empezaron los errores: los policías, primeros respondientes, actuaron de forma poco profesional, evitaron asegurarse de realizar la entrevista primaria a los testigos presenciales, bajo el argumento fácil que esa era tarea de los agentes ministeriales.
Cuando los agentes ministeriales llegaron, tampoco tomaron la declaración a los testigos presenciales de forma inmediata.
A partir de ahí, hubo una cadena de errores que ahora complican el caso.
Es decir, una serie de pifias de la Fiscalía General del Estado, en tiempos de Gilberto Higuera, afectan seria y gravemente el caso, a grado tal, que, tanto a la abogada de la víctima como a la defensa de los implicados.
En el curso de proceso, las pifias siguieron, una de ellas, la falta de cadena de custodia de los elementos de prueba para acusar a los que cometieron el crimen, a la fecha, dicha cadena de custodia, o no existe o la Fiscalía se niega a presentarla.
Otra pifia: los agentes ministeriales presuntamente torturaron al aparente conductor de la motocicleta, al ser detenido en el estado de Chiapas; luego, supuestamente lo volvieron a torturar en suelo poblano, con lo que violaron el debido proceso.
Es decir, en cada paso de la investigación, los encargados de esclarecer el asunto, cometieron errores delicados.
Así siguió todo hasta la presentación de testigos; origen del retraso, por que los ha llevado a complicar la presentación de dichos testigos, a grado tal que, de casi 100 testigos, ni siquiera 10 han sido presentados.
Y los que ya fueron presentados, caen en muchas contradicciones.
Tal pareciera que no tiene un caso, o el manejo del mismo se les salió de las manos.
Los acusados son Jair Mauricio Domínguez, el supuesto conductor de la moto, y Silvestre Vargas, así como el político Javier López Zavala, señalado como posible autor intelectual del crimen.
Y la defensa de ellos, está integrada por los abogados Óscar Lagunes, Justino Cerezo y Jordán Bernabé. Son prestigiados litigantes expertos en analizar casos complicados; detectan errores, desde los más mínimos a los máximos, como el tema en cuestión, son conocido por analizar hasta la última coma.
Estos estudiosos del derecho, seguramente ya tienen una lista de las pifias de la Fiscalía.
Y no es que retrasen o alarguen el juicio, es que asumen su trabajo con un profesionalismo absoluto, que exigen al cien por ciento el detalle milimétrico de cada paso del proceso.
Una lástima que no accedan a dar una entrevista.
Para que el lector tenga una idea de las acciones y revisiones del proceso, es preciso referir que las hojas de este asunto, si se apilan una tras otra, alcanzan una altura de más de un metro.
Hay que decir, que ni la actual Fiscal, ni el actual gobernador tienen nada que ver en este asunto.
Quizá son los más interesados de que este crimen se resuelva, como todos los que suceden en el estado, para que los responsables sean castigados y las víctimas encuentren justicia, de eso no hay duda. Ellos no tienen ni la mínima culpa, y seguramente ya saben de la cadena de desatinos cometidos por la Fiscalía del anterior Fiscal y sus «muchachos» que lo único que han podido demostrar es que están mal preparados y muy desactualizados.
La Fiscalía de Gilberto Higuera, heredó un caso, que por demás mediático, fue trabajado desde el origen de una forma muy turbia, muy irresponsable y hasta pareciera de consigna política.
Una de las acusaciones ya se les cayó, la de Santiago Bárcena, uno de los colaboradores más cercanos y leales de López Zavala, quien fue detenido como implicado, pero logró su libertad al demostrar las múltiples pifias, pueriles en su acusación.
Ese puede ser el camino de los tres presos por ahora.
El de Cecilia Monzón es un lamentable feminicidio que debe ser aclarado, pero es más lamentable lo que sucede en el juicio relativo en el juzgado relacionado, incluso ha habido, por parte de la abogada Helena Monzón, burlas reiteradas hacia el sistema judicial mexicano y a quienes participan en dicho juicio, sin que el juez en turno le exija respeto a la hermana de la víctima, a la que también le faltan al respeto ante la falta de justicia por las pifias reiteradas en la investigación.
Hasta ahora, los únicos acusados son Javier López Zavala, Jair y Silvestre.
Silvestre, el supuesto ejecutor, tiene problemas para entender de lo que se le acusa, y tiene más problemas comprender el lío en el que está metido, difícilmente logra hilar un enunciado fluido de 29 palabras, siempre se desempeñó como albañil, nunca terminó la primaria y eso lo remite al uso de un lenguaje muy limitado en extremo.
La pregunta es la siguiente:
¿Qué hay en este caso, que aún no sabemos y que es lo que pronto puede saberse?
Es una pregunta que, al parecer, en breve tendrá respuesta.
Quien esto escribe, tuvo acceso a muchos documentos, y en verdad, parece que los errores pueden incluso facilitar la libertad de los implicados por una plaga de errores incomprensibles.
