Por Ismael Rojas Cuéllar
* Dos internos serán reubicados en otros penales por señalamientos de presuntas extorsiones y amenazas.
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que dos internos considerados de alta peligrosidad serán trasladados del penal de San Miguel a otros centros penitenciarios, luego de las protestas y bloqueos realizados por familiares de personas privadas de la libertad, quienes denunciaron presuntas extorsiones y cobros ilegales al interior del reclusorio.
El mandatario informó que la reubicación se realizará en los próximos días, luego de que los manifestantes señalaran a dos reclusos como presuntos responsables de actos de intimidación, amenazas y cobros de piso contra otros internos. Aunque confirmó que se atenderá esta petición, evitó revelar sus identidades.
Las movilizaciones ocurrieron el pasado martes 10 de noviembre y afectaron diversas vialidades de Puebla y la zona metropolitana, entre ellas la autopista México-Puebla, el Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl y el bulevar 5 de Mayo. Los inconformes también exigieron la destitución del director del Cereso, Jorge Ortiz Delgadillo.
Sobre este último, Armenta confirmó que existen investigaciones derivadas de los señalamientos en su contra; sin embargo, puntualizó que deberá respetarse el principio de presunción de inocencia, así como el debido proceso y sus derechos laborales.
El gobernador agregó que se instaló una mesa de trabajo para atender las denuncias de los familiares y revisar el funcionamiento del penal de San Miguel. En estas labores participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales.
La presidenta Claudia Sheinbaum también manifestó la disposición del Gobierno federal para respaldar a Puebla en la revisión del centro penitenciario, siempre que exista una solicitud formal de la administración estatal. Armenta agradeció el apoyo y sostuvo que las fuerzas federales ya colaboran en la supervisión de los penales.
Con el traslado de los internos y las investigaciones en curso, el gobierno estatal busca atender las denuncias que provocaron las protestas, mientras continúan las indagatorias para esclarecer las presuntas irregularidades al interior del Cereso de San Miguel.
