-Diversidad de Trayectorias y un Perfil Cercano a los Pueblos Originarios
Puebla, Pue., 21 de abril de 2025. La contienda por ocupar el cargo de Juez de Distrito en Materia Penal en el Sexto Circuito con sede en Puebla se ha convertido en un escenario de alta competencia profesional, con perfiles que reflejan diversidad de trayectorias en el ámbito judicial, ministerial y administrativo.
Sin embargo, entre ellos destaca de manera especial Hugo Adrián Pérez Soto, no solo por su formación jurídica, sino por su compromiso social y profundo acercamiento con los pueblos indígenas y sectores vulnerables.
Entre los aspirantes figuran nombres con peso institucional y experiencia relevante. Tal es el caso de Rubén Cárdenas Mérida, actual Coordinador de Litigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien cuenta con el respaldo institucional y es considerado uno de los principales contendientes gracias a su red de apoyos y trayectoria operativa.
Asimismo, Ricardo Fernández de Lara Fernández, representa una apuesta hacia el Poder Judicial Federal. Su experiencia en órganos jurisdiccionales le ha dado un enfoque técnico y administrativo robusto.
Otro perfil es el de Jesús Antonio Maceda Martínez, quien sobresale curricularmente con una sólida preparación jurídica. Ha sido docente y capacitador en diversas instituciones, lo cual lo posiciona como un académico del derecho penal.
También compiten Fernando Miguel Barbosa Auces, con experiencia en el servicio público, y Samuel Jiménez Morato, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, cuya influencia se ha ampliado gracias a su rol de articulación dentro del sistema judicial.
Carlos Genaro Sánchez Rodríguez, igualmente Agente del Ministerio Público Federal, cierra la lista con una trayectoria orientada a la investigación penal y procuración de justicia.
Sin embargo, después de un análisis minucioso de datos, el perfil que ha generado especial interés en las redes sociales y la voz popular, por su enfoque humanista es el de Hugo Adrián Pérez Soto, un profesional del derecho y la ciencia política, de origen otomí, con formación especializada en juicios orales y justicia penal para adolescentes.
Más allá de su sólida preparación académica —con estudios de maestría en instituciones como la Benemérita Universidad de Oaxaca y el Centro Hidalguense de Estudios Superiores—, Pérez Soto ha demostrado un firme compromiso con el acceso a la justicia de los grupos históricamente marginados.
Su cercanía con comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores en condición de abandono y personas de la diversidad sexual lo distinguen como un candidato con vocación de servicio, especialmente en un contexto donde la justicia suele estar alejada de los sectores más vulnerables, lo que lo ha llevado a recorrer parte de los municipios más alejados de Puebla.
A través de su experiencia en territorio, y no únicamente en oficinas o salas de audiencia, Hugo Adrián ha promovido una visión integral y sensible del derecho, orientada no solo al castigo, sino también a la reparación del daño y la inclusión. Su trayectoria no solo lo respalda como jurista, sino como un agente de cambio en un sistema que clama por cercanía y empatía.
En un momento crucial para el fortalecimiento del sistema penal mexicano, la designación de un juez con sensibilidad intercultural y perspectiva de derechos humanos como Pérez Soto representaría no solo un acto de justicia institucional, sino también una señal clara de que el poder judicial puede —y debe— estar al servicio de todas las personas.
