Hace unas semanas, el gobierno de Alejandro Armenta inició un combate frontal contra el huahchigas, mismo que registra incremento en todo el país, y Puebla no tiene puede ser la excepción; es un tema nacional, focalizado en el centro del país.
Sin embargo, no es lo mismo que un delito exista y se deje pasar, como lo hicieron en sus administraciones Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa Huerta, -ambos a buen resguardo, afortunadamente-, a que sea afrontado con todo el poder del estado.
En estos operativos participa el gobierno de Puebla, impulsor del combate a este delito, apoyado por la federación, mediante la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
El trabajo que realizan es con base a labores de inteligencia e investigación que hasta ahora les ha dado muy buenos resultados.
También es muy importante el trabajo que desempeña la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, son unas mil las empresas afectadas con esta competencia desleal.
Las estimaciones de la mencionada asociación, refieren que los grupos delincuenciales hurtan y venden mensualmente alrededor de 50 mil toneladas de gas lp, lo que representa el 7 por ciento de la demanda nacional.
Hablamos de dos millones y medio de tanques de 20 kilos que son distribuidos mensualmente en todo el territorio nacional y una pérdida estimada de 20 mil millones de pesos anuales.
Ese gas se lo roban a Pemex; es en detrimento a las arcas públicas y es un asunto grave, el daño es al Estado.
La incidencia de este delito es grave en el centro del país, y sobre todo porque detrás de muchos grupos delincuenciales que desempeñan esta actividad delictiva, hay conexiones con células del narcotráfico.
Los estados involucrados son la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
En estas entidades, los delincuentes clonan pipas o autotanques, falsifican permisos y su falta de regulación en el trasiego del energético, significa un problema grave de inseguridad porque elevan el riesgo de accidentes en carreteras federales, caminos, autopistas y zonas urbanas.
Otro elemento de alto riesgo es el almacenaje ilegal que obliga la distribución del combustible.
Para que este delito exista, participan también, no sólo expendios clandestinos, sino algunas plantas de distribución que se prestan para que este delito prevalezca.
En el estado de Puebla se detectaron 426 perforaciones ilegales en ductos que transportaban gas lp, es decir se identificó una toma cada 20 horas.
El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, reportó que el mayor número de tomas clandestinas para robar gas fueron detectadas en los estados de Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México, entidades que se encuentran en el top ten de este ilícito.
Bien por el gobierno de Puebla y Alejandro Armenta, la acción del gobierno poblano en este tema es un logró muy importante que otros estados deberían emular.
