Por Rubén Díaz Avelino
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es una lamentable contradicción.
De hecho, al menos desde la presidencia de la administración pasada que encabezó José Félix Cerezo Vélez y en la actual dirigida por Rosa Isela Sánchez Soya, el organismo dejó de cumplir con su razón de ser.
Literal, están en sintonía con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza Rosario Ibarra Piedra, quien metafóricamente, se la pasa pateando la piedra.
El espíritu del nacimiento de una CDH, en 1992, fue para que los ciudadanos tuvieran una defensa frente a los abusos del poder y visibilizar desigualdades y proteger la dignidad humana.
Bueno, pues en Puebla sucede exactamente lo contrario.
La CDH Puebla, ya sólo es una agencia de colocaciones o una oficialía de partes, quitan, ponen traen y llevan.
Algunos visitadores hasta tienen denuncias y quejas por su proceder para favorecer de sujetos señalados, a quienes les dan poder y razón, mientras a los ciudadanos, víctimas de abusos, los ignoran y les niegan procedimientos e investigaciones que el organismo defensor debería de encabezar y representar.
Por ejemplo, en la Tercera Visitaduría, donde estaba como titular Laura Adriana Sabino Pérez, hay un caso en el que la visitadora sólo pateaba el bote, prolongaba procedimientos y evadía la responsabilidad de dar seguimiento y aviso oportuno a los quejosos o a las quejosas, ahí, ahora está como responsable Amanda Sofia Silva González, quien apenas llegó y ya dio muestras de que continuará el compromiso, por ejemplo el que evidentemente tienen con el municipio de San Andrés Cholula.
Lo mismo sucede en la Cuarta Visitaduría.
En ambas tienen el vicio de la burocracia y sólo acuden para cumplir horas nalga, sin desquitar de forma digna y ética el salario que devengan.
Hay sospechas agudas de que la CDH Puebla, está comprada por el ayuntamiento de San Andrés Cholula, municipio que ha infiltrado organismos gubernamentales para disminuir quejas y señalamientos con el objetivo de hacer contra peso a la administración pública estatal.
Este objetivo insano, de comprar a la CDH Puebla, lo inició el anterior alcalde, Edmundo Tlatehui Percino y lo continuó su cómplice y pareja Lupita Cuautle.
En el caso de la CDH Puebla, la presidenta Rosa Isela Sánchez debe de abrir una investigación urgente de los procedimientos que el organismo lleva a cabo y en el que esta involucrado el municipio de San Andrés Cholula.
Rosa Isela Sánchez, debe de enterarse de la presunta infiltración de San Andrés Cholula, a la CDH Puebla, y darlo a conocer al Gobierno del Estado, para que la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, porque se trata de un tema delicado, de presunta corrupción entre el municipio y el organismo.
Y si la presidenta de la CDH Puebla, sabe de esto, como lo supo Félix Cerezo Vélez, la situación entonces es más grave y significa no sólo una traición a los ciudadanos ni a los preceptos de la defensa de los derechos humanos, sino una traición a los objetivos del Gobierno del Estado, por erradicar no sólo la corrupción, sino la corrupción en organismos presuntamente autónomos y ciudadanos.
Dentro de la CDH Puebla, las Visitadurías y el órgano de Control Interno realizan una confabulación de protección perversa que deja a las víctimas en la más absoluta indefensión, pero el organismo defensor queda en el descrédito más absoluto y la verguenza más profunda.
