El gobernador de Puebla, Sergio Salomón respaldó la demanda de abogados laboristas en el sentido de que en Puebla se sigan atendiendo los casos pendientes que tiene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la calle 31 Poniente, entre 29 sur y 31 sur, cuyas instalaciones fueron encadenadas por los litigantes para evitar la salida de expedientes.
En su habitual rueda de prensa, el gobernador del estado, Sergio Salomón, confirmó que el Gobierno de Puebla, nunca fue notificado sobre el cierre de las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El pronunciamiento del mandatario a favor de los trabajadores y litigantes es porque con el cierre de las instalaciones, los interesados tendrían que viajar a los estados de Oaxaca o Tlaxcala, donde radicaran su expediente.
Cabe señalar que en el país se cerraron varias juntas federales, por un decreto del gobierno federal que implementó el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal, Marath Baruch Bolaños López, pero al parecer no notificaron a los gobiernos estatales donde tuvo efecto el cierre de instalaciones.
En días previos, trabajadores, litigantes y abogados patronos, realizaron diversas protestas, entre ellos el cierre de la 31 Poniente, guardias las 24 horas y encadenamiento de las rejas de la delegación local de la JLCyA, para evitar la salida de más de 10 mil expedientes, pues rechazaron seguir sus casos en Oaxaca y Tlaxcala.
Ante eso, el mandatario instruyó a la Secretaría de Gobernación local, para instalar mesas de diálogo con los inconformes y con el gobierno federal, para empatar necesidades y demandas mediante beneficios para ambas partes.
“Como es posible que el gobierno estatal tenga más sensibilidad y temple, para entender un problema, enfrentar una situación y buscar una solución, eso debió hacer previamente al cierre el gobierno federal, pero su incapacidad les impide incluso notificar al gobierno del estado, afortunadamente el gobernador Sergio Salomón, no es un mandatario radical que repita dogmas, formas de hablar y arengas de cuarta, sino un gobernador sensible con los trabajadores”, manifestó uno de los bogados organizadores.
Otro abogado, entrevistado en su despacho, destacó que reconoce la intervención del gobierno estatal, pero darles el beneficio de duda, no es sinónimo de extenderles un cheque en blanco, y confió en que en verdad se trate de una sensibilización para resolver el tema, y no un distractor para bajar presión a la inconformidad”, refirió el litigante, que al igual que el caso anterior, solicitaron la gracia del anonimato.
Otro abogado lamentó que mediante un decreto del gobierno federal, y la desaparición de las representaciones de la Secretaría de Trabajo federal, como son las juntas federales de conciliación, se pretenda beneficiar en realidad, a empresas paraestatales como La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, debido a que literalmente están quebradas, pero como el gobierno no lo quiere reconocer, busca un respiro económico en diversas formas de ahorro, como evadir pago de pensiones o demandas por despidos injustificados.
Durante una reunión con abogados, trascendió que ni durante los llamados gobiernos “neoliberales”, se utilizaba a las juntas federales de conciliación y arbitraje, como garrote político para afectar a la clase trabajadora y beneficiar a empresas de talla internacional o nacional, como Audi o Volkswagen, que son marcas con protección del gobierno federal, en agravio de los pobres.
