Alberto Hernández
El gobernador Alejandro Armenta reveló que la eventual cancelación de la concesión a la empresa Agua de Puebla para Todos representaría un costo aproximado de 10 mil millones de pesos para el estado, cifra que rebasa los 8 mil millones de pesos que se tendrían que haber pagado por el Museo Internacional del Barroco.
En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que la cancelación de la concesión es la demanda ciudadana más frecuente; sin embargo, subrayó que no se trata de una decisión que dependa solo de voluntad política, sino de un proceso judicial complejo.
Armenta aseguró que su administración busca atender el reclamo social con apego a la legalidad y recordó que cualquier procedimiento debe garantizar viabilidad económica para el estado.
En ese tenor, el gobernador celebró que la ministra Norma Piña ya no presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien acusó de haber dejado a Puebla con una deuda de más de 3 mil millones de pesos por obras inexistentes.
“Si hoy iniciáramos un procedimiento, yo estoy seguro que la SCJN ya no actuaría como lo hizo la corrupta expresidenta de la SCJN», expresó.
