Tras ser notificado de una inhabilitación por un año por una falta administrativa no grave, el exdelegado de Atlixcáyotl señala un intento de excluirlo de la próxima contienda municipal.
San Andrés Cholula, Puebla.— Edgar Hernández Hernández acusó a la administración encabezada por Guadalupe Cuautle Torres de utilizar los procedimientos administrativos como un mecanismo de presión para desgastarlo y obstaculizar su participación política rumbo a la próxima elección municipal.
El exdelegado de Atlixcáyotl informó que fue notificado de una sanción de inhabilitación por un año, derivada de una falta administrativa calificada como no grave. A su juicio, la resolución debe analizarse en el contexto de otros seis procedimientos en los que, según su versión, ha tenido que defenderse.
Su señalamiento apunta al ejercicio del poder municipal: sostiene que la Contraloría está siendo utilizada como un “garrote político” contra una voz que cuestiona al gobierno y busca participar en la vida pública de San Andrés Cholula.
Hernández considera que la acumulación de procedimientos —relacionados con señalamientos de violencia política contra las mujeres en razón de género, presunto despojo y responsabilidades administrativas graves y no graves— busca mantenerlo bajo presión y concentrar sus esfuerzos en la defensa jurídica.
El cuestionamiento central es si las instituciones municipales están actuando con imparcialidad o si sus facultades se están utilizando para influir en la competencia política.
El exfuncionario responsabiliza políticamente a la administración de Cuautle Torres de intentar cerrarle el paso mediante el desgaste legal y administrativo. Esa acusación constituye su postura y requiere pruebas para establecer cualquier intervención directa de la presidenta municipal o un uso indebido de la Contraloría.
La controversia coloca bajo escrutinio público los fundamentos de la resolución, las pruebas que la sostienen, la proporcionalidad de la sanción y el respeto a las garantías de defensa. También abre una discusión sobre la independencia con la que deben actuar los órganos municipales encargados de investigar y sancionar.
La clasificación de una falta como no grave no elimina la obligación de rendir cuentas. Del mismo modo, la existencia de una sanción no resuelve por sí sola los cuestionamientos sobre la actuación de la autoridad.
En San Andrés Cholula, el poder de investigar y sancionar debe servir para exigir cuentas. Su legitimidad depende de que se ejerza con pruebas, imparcialidad y pleno respeto al derecho de defensa.
