Fernando Abraján
Tal parece que la vida democrática del país vive una comedia institucional y cada día que pasa se conocen nuevos episodios que sorprenden, máxime cuando la nueva clase política dijo que los corruptos ya se habían ido.
En la nueva era nacional el emblema más valioso de la democracia, es decir el INE, ya era tan pulcro y limpio que a Guadalupe Taddei la tenían en un altar; pero hoy la niegan como Pedro desconoció a Jesús, según dice la Biblia.
La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, confirmó la presentación de una denuncia abierta ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntas anomalías y redes de colusión heredadas por Taddei.
Con la estampida de más de 30 funcionarios salientes y el amago de rescisiones contractuales millonarias como el de la credencialización que supera los mil mdp, el organismo ha pasado de la cirugía de contención al deslinde penal.
El arbitraje electoral en México vive un drama donde los bochornos del presente con Taddei y sus socios, ahora pretenden diluirse en las sombras del pasado cuando dicen que van a revisar todo lo hecho en el IFE, INE y órganos electorales estatales desde el 2000.
La sorpresiva maniobra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscalizará un cuarto de siglo de adquisiciones, huele más a un control de daños que a una acción de justicia.
Abrir los expedientes desde el año 2000 tiene la innegable conveniencia de repartir la culpa en abonos chiquitos y así diluir la gravedad de las anomalías inmediatas de la era Taddei. Desempolvar archivos del siglo pasado evidentemente es una estrategia para recordarle al respetable que en la burocracia electoral la manía de inflar contratos siempre ha sido un vicio y ahí vendrá una larga lista de nombres a quienes embarrar y repartirles las culpas.
La onda expansiva de sospecha y fiscalización llegará a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). La ASF apunta a rastrear indicios de irregularidades que, por lo visto hasta ahora, adelantan que van a dejar a los electores con la boca abierta.
En Puebla, el escenario no es ajeno a este reacomodo. La llegada de Judith Lozano Pérez a la presidencia del Instituto Electoral del Estado (IEE) se produce en el pico más alto de la tormenta. La nueva presidenta debuta con un discurso cauteloso pero obligado: abrir la puerta a la revisión de contratos de la administración saliente de Blanca Cruz García con una fiscalización impecable. La declaración en los tiempos actuales no es un favor, ni un gesto de magnanimidad institucional, es una maniobra indispensable no solo por la revisión de la ASF, sino para ganarse el respeto de los electorales poblanos.
A la nueva presidenta del IEE en Puebla le toca asumir el mando con la tribuna encendida y la sombra de la ASF rondando los presupuestos locales. Pretender que los vicios del arbitraje electoral se resuelven con una bienvenida emotiva no aplica. Lozano tendrá que demostrar que la revisión de las licitaciones poblanas va en serio. La credibilidad no se hereda, ni se decreta; sino que se demuestra y eso ya lo veremos.
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