La inclusión del Ayuntamiento de Puebla parece quedarse en el discurso mientras las personas con discapacidad visual tienen que sortear banquetas destrozadas, registros sin protección, postes, puestos ambulantes y huellas podotáctiles bloqueadas para poder llegar a sus destinos.
En las calles, la falta de accesibilidad no es un detalle menor: es un problema que pone en riesgo la integridad de quienes deberían tener garantizado el derecho a transitar con seguridad.
Integrantes de la Asociación Cultural Recreativa de Invidentes de Puebla denunciaron las deficiencias de la infraestructura urbana y la falta de atención a sus necesidades. Sus testimonios retratan una ciudad donde las personas ciegas deben resolver por su cuenta los problemas que la autoridad municipal no ha logrado atender, como si desplazarse sin sufrir un accidente fuera una responsabilidad individual y no una obligación del gobierno garantizar espacios públicos accesibles.
Alejandro Ramírez Campos, presidente fundador de la organización, denunció que las necesidades de las personas con discapacidad visual crecen al mismo tiempo que la indiferencia hacia ellas.
Banquetas en malas condiciones, árboles sin podar y registros destapados forman parte de los peligros cotidianos que enfrentan. ¿Cómo puede hablarse de una ciudad ordenada cuando una persona ciega puede encontrarse con un agujero en la banqueta o verse obligada a bajar al arroyo vehicular para continuar su camino?
Uno de los señalamientos más graves se encuentra en la calle 9 Sur, entre las calles 11 y 19, donde, según Ramírez Campos, circulan más de 40 integrantes de la asociación sin una sola huella podotáctil y con banquetas completamente deterioradas.
El reclamo pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el Ayuntamiento: ¿de qué sirve presumir infraestructura urbana si se deja sin atención a las zonas donde realmente se necesita? La accesibilidad no puede depender de la fotografía de una obra inaugurada, sino de que las personas puedan utilizarla para desplazarse sin ponerse en peligro.
A esta situación se suma la falta de control sobre los obstáculos que invaden las banquetas. Puestos ambulantes, bancas, toldos, vehículos estacionados y obras que bloquean las guías podotáctiles convierten el espacio destinado a los peatones en una carrera de obstáculos.
La falta de orden y supervisión municipal termina castigando a quienes tienen mayores dificultades para esquivar estos objetos. Para una persona con discapacidad visual, un obstáculo mal colocado no es una simple molestia: puede representar una caída, una lesión o un accidente.
La falta de mantenimiento también alcanza las placas de señalización en braille, cuyos puntos son dañados hasta dificultar su lectura. Aunque parte de estas afectaciones son provocadas por particulares, corresponde a las autoridades promover el respeto a la infraestructura accesible y establecer mecanismos para conservarla en condiciones funcionales.
De poco sirve instalar elementos diseñados para facilitar la autonomía si después quedan deteriorados, obstruidos o sin mantenimiento.
Los semáforos audibles mal ubicados son otra muestra de cómo una solución mal planeada puede convertirse en un riesgo. Ramírez Campos señaló problemas en la zona de Chedraui Cristal, donde la ubicación de estos dispositivos no corresponde adecuadamente con los accesos que deben utilizar las personas ciegas.
Una señal que no orienta hacia el cruce correcto pierde su propósito y puede conducir a una persona directamente hacia el tránsito vehicular. Por ello, exigió que las autoridades consulten a quienes utilizan estos sistemas antes de instalarlos o modificarlos.
La denuncia también cuestiona la forma en que el gobierno municipal planea y ejecuta sus intervenciones en el espacio público. Cuando una obra bloquea una huella podotáctil o una banqueta se vuelve intransitable, queda en evidencia la necesidad de revisar los criterios de accesibilidad, supervisar los trabajos y corregir las fallas.
No basta con colocar infraestructura para cumplir administrativamente: debe funcionar en la vida real. Lo contrario significa invertir recursos sin resolver el problema de fondo.
El Ayuntamiento debe explicar qué acciones concretas emprenderá para atender las deficiencias denunciadas y dejar de relegar una problemática que afecta diariamente la autonomía y la seguridad de cientos de ciudadanos.
Puebla no será una ciudad incluyente mientras las personas ciegas tengan que arriesgar su integridad cada vez que salen de casa.
Las autoridades municipales tienen la responsabilidad de atender las fallas del espacio público, supervisar la infraestructura y escuchar a quienes conocen de primera mano sus deficiencias. Porque una banqueta destruida, una guía bloqueada o un semáforo mal colocado no son simples errores de planeación: son obstáculos que pueden convertir un trayecto cotidiano en una situación de peligro. Y ningún discurso de inclusión puede ocultar esa realidad.
