Por Rubén Díaz Avelino
La detención de Adriana “N”, por parte de elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, frente a sus dos hijos menores de edad, quienes al igual que su mamá, también fueron violentados arbitraria y reiteradamente, ya escaló a nivel nacional como es escándalo y abuso policial, revela la polarización social, falta de responsabilidad institucional y una enfermiza violencia mediática a partir de convenios prensa-poder.
Si como argumenta el municipio, que Adriana “N” tiene una responsabilidad familiar que debe de atender para evitar una afectación futura en la formación de sus hijos, eso le corresponde revisarlo a ella, a su familia o quizá a las autoridades del DIF.
Y si cometió infracciones viales, sociales, o de convivencia, que se le multe o sancione, pero que no se le exhiba.
Y si presumiblemente tiene un problema con su consumo de alcohol, o de alguna droga, o lo que sea, el municipio no es la instancia adecuada para juzgarla.
Vaya, son los que menos tienen autoridad moral, para recurrir a la moral.
Una vez observado el tema desde el enfoque con el que le han lan zado una embestida mediática a Adriana “N”, hay que prender los focos de un riesgo agudo en la falta de capacitación de la policía de San Andrés Cholula.
El problema de los uniformados que violentaron en exceso a una mujer y a sus hijos, no es sólo responsabilidad de ellos, es responsabilidad directamente de la presidenta municipal Guadalupe Cuautle.
Lupita Cuautle, como es conocida, sabe y permite siempre los abusos de sus policías y de sus funcionarios.
Entonces, esta crisis que ya es escándalo nacional, que afecta, al estado, no es casualidad.
La crisis política de Lupita Cuautle en este tema, ya es un escándalo a nivel nacional, y por su culpa, ahora Puebla se encuentra en el ojo del huracán.
La alcaldesa no puede argüir que no sabe, porque me consta que protege a sus funcionarios cuando cometen abusos o excesos de violencia institucional, su conducta personal, de suyo, es violenta como autoridad, ni con terapias cognitivas, ni conductuales se le puede ayudar a Cuautle.
Esa violencia reiterada, gubernamental e institucional, no es casualidad, la heredó de la administración de su esposo, el anterior alcalde, por esa razón, los violentadores institucionales son los mismos, de esta y la anterior administración.
El mejor ejemplo es el que era director Jurídico de la Sindicatura en la anterior administración, Raúl Sánchez Betanzos, un personaje quien no sólo es protegido por sus abusos y excesos, sino que es premiado porque ahora es el Consejero Jurídico del municipio.
La violencia gubernamental en San Andrés Cholula es muy fuerte, muy arraigada; así son y así se conducen, es un gobierno disfuncional.
En este contexto, Lupita Cuautle, no puede negarlo, tengo las pruebas en mi poder.
Y es que el actuar sin protocolos de los uniformados, en un caso como el reciente, no es justificación.
Más allá de la infracción a las normas por parte de la mujer, la violentaron innecesariamente, desde el momento en que empezaron a grabarla bajo la situación en que se encontraba y bajo su condición de mujer.
La violentaron frente a sus hijos menores de edad.
Peor aún, violentaron a sus hijos, a quienes además agredieron e intimidaron, y provocaron que el mencionado estado de ebriedad, -como indebidamente los policías pretendieron justificar- o presumiblemente drogada de la detenida, sólo potencializaron su enojo y la aparente violencia verbal a la que ella recurrió al sentirse violentada.
Los policías actuaron bruscamente, violentamente, y de la forma más pedestre e irresponsable posible.
Considero que debieron solicitar a alguna persona de Puerta Violeta, y personal del DIF Municipal, para administrar la situación en función de los niños.
En todo esto, la mujer detenida, aparentemente seguía actuando mal, pero dentro de la situación de sometimiento de la que era víctima, y sus hijos también.
Si bien, el estado de indefensión al que la redujeron los uniformados, la mujer, de forma irresponsable dijo muchas incoherencias, los policías estaban obligados por protocolo, a protegerla, incluso de ella misma y de sus propias palabras y dichos.
En un país, en donde el 30 por ciento del territorio lo controla y gobiernan los narcos, la mujer construyó una defensa alternativa, real o fantasiosa, de la que también debieron protegerla, nunca exhibirla.
Pero los policías estaban montados en su propia cólera, en el contexto de un gobierno que ejerce violencia institucional, y en el marco de una narrativa equivocada, que por más dinero que invierten en medios y en botts, no controlan.
El de San Andrés Cholula, es un gobierno municipal muy malo en toda su estructura gubernamental, y muy, pero muy corrupto,
Por esa razón, por más dinero que destina a por lo menos, 85 medios con convenios, no logra construir una narrativa legitimadora, ajena a la realidad violenta de policías, funcionarios y autoridades, encabezadas por la propia presienta Lupita Cuautle.
Pero esto no para ahí.
De pronto, en vez de que la afectada recurriera a un abogado profesional, para denunciar al municipio, empezando por el daño moral a su persona y la de sus hijos, se ampara en la sombra de una diputada peleada con la ética social, la impresentable Nay Salvatori.
Nay Salvatori es una verdadera hija de su propia frivolidad, la sedicente influencer revictimiza a la afectada, porque la expone aún más y la mete en la zona de rechazo político-social que ha construido la legisladora, en torno a su penosa persona de figura pública.
Esto, en la lógica reacción de violencia institucional, y conducta vengativa, junto con la soberbia de la desagradable narcisista que es, Lupita Cuautle, ordenó que Adriana fuera expuesta con vídeos que le fueron tomados contra de su voluntad, sin su abogado presente, dentro de una patrulla y en instalaciones de una institución oficial.
Pero aún más grave, el ayuntamiento comete un error mediático más delicado; filtró esos videos para lavarle la cara al municipio, sin difuminar el rostro, ya no digamos de la mujer, sino de sus hijos.
Y si la mujer dijo cosas relativas al narco, pues la obligación de la autoridad municipal era doble, en el sentido de proteger a la mujer.
Y luego, las cosas empeoran.
Las filtraciones que ordenó el responsable de Comunicación Social, Carlos Flores Lama, a medios “pagados” como el vocifera siempre, sin el menor recato, son publicados bajo la puntual obediencia de los medios, sin protección a las víctimas para endosar al lector el papel de juzgador.
Cuánta cobardia.
Creo que tanto la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, y la Fiscalía General del Estado, tiene mucho, en qué trabajar de forma conjunta, pronta y expedita.
Cabe destacar que ante la CDH Puebla y Fiscalía, ésta no es ésta la única, ni la primera queja contra el municipio. Hay otras, que igual, no ha querido atender Lupita Cuautle. Lo suyo es la impunidad.
Este asunto, expone la descomposición social que hay en el municipio y lo hacer ver como si esta descomposición social fuera en todo el estado de Puebla.
El autoritarismo y violencia institucional de un municipio, y la irresponsabilidad y obediencia de medios de comunicación, en función de una orden perversa de una autoridad que así ejerce siempre su narrativa, termina por normalizar su violencia institucional.
Ojalá y en Morena, y el Gobierno del Estado, tengan una lista de quiénes son los “apoyadores” e impulsores, de Lupita Cuautle, en esta crisis municipal, porque esos serán la línea mediática de esta presidenta que sueña con ser “gobernadora”, razón por la cual, inyecta millones de pesos, cada mes, a los niños cantores de su sinfonía narrativa.
Este tema ya se descontroló, escaló a nivel nacional, pero los medios de todo el país, no especifican que la violencia policial fue de uniformados del municipio de San Andrés Cholula, sino que consignan que son policías de Puebla, y el abuso de Lupita Cuautle, ya es visto como un abuso, no de ella, sino de Puebla.
Pero este caso también sirve como un “fuera máscaras” para identificar a los medios que están montados, con recursos e inversiones fondeadas por Lupita Cuautle, en el “Proyecto San Andrés”, aún, cuando este plan signifique violencia institucional.
O de dónde creen que salen los recursos para “nuevos” portales con grandes sets, que por un lado buscan recursos del gobierno del estado, y por otro apoyan por debajo del agua a Lupita Cuautle.
