El Poder Judicial del Estado de Puebla ha sancionado a siete servidores públicos durante lo que va de 2026 por diversas irregularidades detectadas a partir de quejas ciudadanas y procedimientos internos de supervisión. Entre los funcionarios afectados se encuentran jueces y psicólogos adscritos al Centro de Convivencia Familiar (Cecofam).
El presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que las sanciones forman parte de las acciones de vigilancia y control que se realizan de manera permanente en los 23 distritos judiciales y más de 120 juzgados de la entidad. Explicó que los procedimientos fueron iniciados tras denuncias presentadas por usuarios del sistema judicial y revisiones efectuadas por las áreas competentes.
Las medidas disciplinarias incluyen distintas sanciones administrativas, dependiendo de la gravedad de cada caso. El objetivo, señaló el titular del Consejo de la Judicatura, es fortalecer la transparencia, combatir posibles actos de corrupción y garantizar que los servidores judiciales actúen conforme a la ley y a los principios de ética institucional.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia de depuración impulsada desde principios de año. En enero de 2026, Martínez Hernández reportó sanciones que incluyeron suspensiones e inhabilitaciones, luego del llamado realizado por el gobernador Alejandro Armenta para evitar omisiones, encubrimientos y prácticas irregulares dentro de las instituciones de impartición de justicia.
Además de estos casos, durante el año se han documentado procedimientos que derivaron en destituciones de jueces y secretarios judiciales señalados por presuntos actos de corrupción, entre ellos solicitudes de pagos indebidos y el uso irregular de información personal. Las investigaciones han sido realizadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias de supervisión del Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura reiteró que continuará atendiendo las denuncias ciudadanas y aplicando sanciones cuando existan elementos que acrediten conductas contrarias a la normatividad, con el propósito de fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia poblano.






