-Aumentan los casos de corrupción; benefician a los demandados en agravio de los trabajadores
-“Abogados de patrones pagan para retrasar la justicia; burócratas son mal pagados” confiesan empleados
Por Rubén Díaz Avelino
La semana pasada, diversos medios de comunicación informaron que la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tomó partido en un caso laboral, se puso a favor de Juan Carlos Lastiri y en agravio del demandante, Luis Carlos Castillo Rosas, RDNoticias realizó un sondeo e investigación con abogados litigantes y coinciden que la JLCyArbitraje ya es patronal y más corrupta.
Pero eso no es noticia, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es de dominio público que Andrea Priede Iglesias se pone del lado de la parte patronal, porque antes de ser funcionaria, trabajó para un despacho privado de abogados patronales, y de acuerdo a empleados de la propia Junta Local, la funcionaria se ha apresurado a sacar adelante los casos que ella y sus compañeros llevan a favor de los patrones.
Por esa razón es que Priede Iglesias se ha dedicado a ayudar al que fuera uno de los poderosos políticos priístas, a pesar de que el también empresario y terrateniente perdió la demanda laboral.
Un sondeo efectuado con 10 de las más conocidos litigantes que llevan decenas o cientos de casos laborales, coinciden que cada día que pasa, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Laboral y la Procuraduría para la Defensa del Trabajo, que dependen de la estructura de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Gabriel Biestro Medinilla, es cada vez más patronal y corrupta desde que el el individuo referido se encuentra al frente de la dependencia del Gobierno de Puebla.
Luis Carlos Castillo logró, mediante sus abogados, embargarle cuentas bancarias personales a Lastiri, como parte del juicio laboral.
Sin embargo, cuando ya estaba a punto el fallo final para entregarle a Luis Carlos Castillo los recursos embargados a Lastiri, Ana Lilia Sánchez Martínez, sin argumento válido, de forma ilegal y arbitraria, obstruyó la entrega del dinero embargado al denunciante, quien señaló a la presidenta Priede Iglesias por permitir tal abuso.
Lo anterior a que como sucede en estos casos, el litigio tardó cinco años.
Es ya normal, que en los casos que ganan los trabajadores, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tanto los funcionarios como los empleados hacen todo lo posible por ayudar a los denunciados, para que no paguen.
Un exempleado de la Junta Local, quien solicitó el anonimato, informó que hay poco personal y el que aguanta las cargas laborales, gana muy poco, y se ven obligados a aceptar dinero para retrasar los casos.
“Por ejemplo, el dirigente de un sindicato de un municipio muy importante del estado, ofreció 30 mil pesos para desaparecer el expediente de quien lo demandó, pero la parte denunciante ya contaba con una copia certificada”, señaló el exempleado.
Una empleada en funciones, señaló que hay empleados que quizá reciben dinero, pero pidió que se investigue a los “jefes” que son parte de una mafia laboral, porque los sindicatos tienen infiltrada a la junta con trabajadores que ellos han metido a laborar, principalmente cuando Mario Arturo Daza Buendía, era el presidente de la Junta y a su paso nació la mafia de deudores laborales que existe, pero en las últimas semanas ha empezado a revelarse la existencia de esta situación”, señaló la empleada de quien se protege su identidad.
Sobre su caso, uno de los abogados de Luis Carlos Castillo, explica: “Lo único que faltaba de este juicio es que Ana Lilia Sánchez Martínez le pagara el dinero incautado –que está en poder de la JLCA— a Carlos Castillo Rosas, quien demandó a Lastiri por un despido injustificado luego de que durante 16 años laboró con el político priista, y resulta que la funcionaria no entregó los fondos, sin argumentar nada. Solo fue como si hubiera dicho: no quiero y ya”.
Tanto Carlos Castillo como los abogados analizan la presentación de cargos en contra de la o las funcionarias involucradas en corrupción, obstrucción e la justicia o lo que resulte.
A su vez, el demandante explica sobre el episodio de corrupción: “El priista iba acompañado por el abogado laboralista José Castro Rosas, quien presta sus servicios al Sindicato de Burócratas y ahora es el nuevo representante legal del político oriundo de Zacatlán. Luego de que ambos hablaron con la presidenta de la Junta Especial, se frenó la ejecución del laudo a favor sin que hubiera una justificación jurídica”.
Además, los abogados de Castillo, cuando detectaron la presencia de Lastiri pidieron una audiencia con Andrea Priede Iglesias, la presidenta general de la JLCA, quien al escuchar la queja se comprometió a investigar el asunto y comunicarse con la parte agraviada un par de días. Nunca lo hizo, la funcionaria no movió un solo dedo, refiere uno de los abogados del denunciante.
Una posible explicación se observa en que Andrea Priede Iglesias tendría una relación cercana con el litigante José Castro Rosas, pues ambos son los titulares –ver la imagen— de un podcast que se trasmite en la página www.estrategiaintelectual.com, que es un sitio que vende programas de capacitación dirigidos a abogados y expertos en contabilidad.
Actualmente el contenido del sitio está semi-vacío, pero si se advierte que cada curso cuesta 5 mil pesos.
Se supo que las dos presidentas de la JLCA, Ana Lilia Sánchez Martínez y Andrea Priede Iglesias, tendrían que actuar con imparcialidad, lo que es evidente que no lo hacen. Lastiri ya perdió todos los recursos a su favor y tal parece, que se quiere alargar la ejecución del laudo con la única intención de fastidiar al demandante.
